El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori dispuso la creación de un grupo de trabajo sectorial para revisar las denominadas “leyes procrimen”, un conjunto de normas aprobadas por el anterior Congreso y cuestionadas por su presunto impacto negativo en la lucha contra la delincuencia.

La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el diario oficial El Peruano, que establece la necesidad de realizar una revisión integral de la legislación relacionada con la criminalidad. El objetivo es identificar vacíos, inconsistencias o dificultades en la aplicación de las normas y plantear alternativas que permitan fortalecer las herramientas legales para combatir el delito.

El grupo de trabajo estará presidido por el viceministro de Justicia y contará con la participación del viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director general de Asuntos Criminológicos.

La comisión también podrá convocar, en calidad de invitados, a representantes de instituciones públicas y privadas, especialistas y profesionales con experiencia en las materias que serán analizadas.

Entre las normas que serán objeto de evaluación se encuentran disposiciones vinculadas con la colaboración eficaz, los allanamientos y la extinción de dominio, entre otras medidas relacionadas con la investigación y persecución de organizaciones criminales.

La iniciativa surge en medio de una creciente preocupación por el avance de la delincuencia y los cuestionamientos formulados desde distintos sectores contra modificaciones legales que, según especialistas, habrían generado dificultades para fiscales, policías y jueces en el desarrollo de investigaciones penales.

El Gobierno sostiene que la revisión no se limitará a identificar problemas en las normas vigentes, sino que permitirá plantear modificaciones y nuevas iniciativas legislativas cuando sean necesarias. La finalidad será adecuar el marco legal a las actuales necesidades de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado y otros delitos.

La comisión deberá desarrollar un análisis técnico de las disposiciones vigentes y formular propuestas que contribuyan a cerrar vacíos legales y evitar interpretaciones que dificulten la persecución del delito.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca revisar el marco normativo heredado del anterior Parlamento y establecer herramientas jurídicas que permitan una acción más efectiva de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad.