La congresista Analí Márquez, de la bancada Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por sus declaraciones relacionadas con un eventual cierre del Congreso de la República.

La denuncia fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados y plantea que el titular de la Defensoría del Pueblo habría incurrido en una presunta infracción de al menos cinco artículos de la Constitución.

El cuestionamiento se origina en declaraciones de Gutiérrez, quien sostuvo que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, o cualquier gobierno podría incrementar su nivel de aprobación si decidiera cerrar el Parlamento. Posteriormente, el defensor del Pueblo descartó haber respaldado una medida de esa naturaleza y afirmó que defiende la democracia.

Según el documento presentado por Márquez, las declaraciones habrían vulnerado disposiciones constitucionales vinculadas con el respeto y defensa del orden constitucional, la separación de poderes y las competencias asignadas a la Defensoría del Pueblo.

La parlamentaria solicitó que el caso sea evaluado y que se elabore un informe que recomiende la destitución de Gutiérrez, además de su inhabilitación para ejercer cualquier función pública por un periodo de hasta 10 años.

La denuncia cuenta también con el respaldo expresado en un pronunciamiento conjunto de las bancadas Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras, cuyos integrantes cuestionaron las declaraciones y manifestaron su rechazo a lo que calificaron como “incitaciones golpistas” y acciones que afectarían el equilibrio de poderes.

El caso deberá seguir ahora el procedimiento establecido para las denuncias constitucionales. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que evaluar la admisibilidad de la denuncia y, de corresponder, continuar con las etapas de investigación y eventual formulación de conclusiones.

El proceso se produce en un escenario de tensión política entre distintas instituciones del Estado, mientras el Congreso y el Ejecutivo afrontan debates sobre seguridad, gobernabilidad y las medidas que deberán adoptarse durante el actual periodo de gobierno.