Por Andrea Flores

La inteligencia artificial ya dejó de ser una promesa futurista. Está ingresando a oficinas, fábricas, comercios, medios de comunicación y servicios, modificando tareas y acelerando procesos. El debate, por tanto, ya no consiste en decidir si debemos utilizarla, sino en establecer bajo qué condiciones esta transformación tecnológica beneficiará a la sociedad y no terminará profundizando la precariedad laboral.

La instalación de una Comisión Sectorial por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para analizar el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización constituye un paso necesario. Pero será insuficiente si el diagnóstico no desemboca en decisiones concretas.

La tecnología puede elevar la productividad, reducir tareas repetitivas y crear nuevas ocupaciones. También puede desplazar puestos, modificar perfiles profesionales y aumentar las brechas entre trabajadores con acceso a capacitación y aquellos que no tienen oportunidades para actualizar sus conocimientos. El verdadero desafío está en anticiparse a esos cambios.

No podemos aceptar que la modernización se traduzca simplemente en despidos. Tampoco sería sensato intentar frenar el avance tecnológico. El camino debe ser otro: preparar a las personas para convivir con las nuevas herramientas, fortalecer sus capacidades y garantizar que los beneficios de una mayor productividad también lleguen a quienes hacen posible la actividad económica.

La capacitación permanente será fundamental. La educación técnica, la formación profesional y la reconversión laboral deben dejar de ser respuestas excepcionales para convertirse en políticas permanentes. Un trabajador que pierde una función por la automatización debe tener la posibilidad real de adquirir nuevas competencias y acceder a otro empleo digno.

Pero hay una dimensión que no puede quedar relegada: los derechos laborales. La inteligencia artificial no debe convertirse en una herramienta para discriminar, vigilar excesivamente, vulnerar la privacidad o tomar decisiones laborales opacas. Tampoco puede debilitar la libertad sindical, la negociación colectiva o el derecho a condiciones dignas de trabajo.

Por ello, el diálogo entre Estado, trabajadores y empleadores resulta indispensable. Las decisiones sobre el futuro del trabajo no pueden quedar exclusivamente en manos de quienes desarrollan o incorporan tecnología. Quienes trabajan también deben participar en la definición de las reglas que determinarán cómo se utilizará la inteligencia artificial.

El informe que resulte de esta Comisión debería ir más allá de describir riesgos y oportunidades. El país necesita una hoja de ruta con capacitación, certificación de competencias, reconversión laboral, protección social y propuestas normativas.

La inteligencia artificial debe transformar el empleo, no simplemente desplazar a los trabajadores. Innovar no significa sacrificar derechos. El progreso tecnológico será verdaderamente progreso cuando permita producir más y mejor, pero también cuando garantice que los trabajadores tengan oportunidades, protección y dignidad en el nuevo mundo laboral.