ENFOQUE

Bienestar socioemocional para escolares

Por: Ada Gallegos

La violencia contra niñas, niños y adolescentes no es un hecho aislado ni un problema atribuible a determinados sectores sociales; está presente dentro y fuera de la escuela y nos compromete como sociedad. Por eso, frente a cualquier forma de violencia, la respuesta no admite matices, exige rechazarla, proteger a quienes lo han sufrido y tolerancia cero frente a la revictimización, estigmatización y encubrimiento. Ninguna práctica o interés institucional puede servir para justificarla o restarle gravedad.

Los datos ayudan a dimensionar el problema. La Encuesta nacional sobre relaciones sociales 2024 del INEI señala que el 45,9% de estudiantes de secundaria de 12 a 17 años experimentó violencia psicológica, física o sexual por parte de otro estudiante; detrás de cada cifra hay adolescentes cuya seguridad, confianza y bienestar han sido afectados. Según un estudio de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DREL)y el Observatorio Emocional Adolescente, uno de cada tres escolares de secundaria en Lima tiene ansiedad y depresión. Por ello, es necesario diseñar e implementar políticas integrales de bienestar socioemocional que incorporen prevención, límites, sanciones y reparación ante casos de violencia escolar.

Una política integral de bienestar socioemocional exige el compromiso conjunto del Estado y la sociedad. Prevenir y atender toda forma de violencia requiere responsabilidades claras, empezando por las familias en su labor educadora, de cuidado y orientación, junto con la actuación articulada entre las instituciones educativas, los medios de comunicación, las comunidades y los servicios públicos de protección.

Reconocer que las escuelas y sus contextos no son iguales es el punto de partida para una respuesta efectiva. La escuela necesita mejores condiciones para cumplir esa tarea. Desde el Consejo Nacional de Educación consideramos relevante fortalecer los servicios de tutoría, la sana convivencia y la disciplina formativa; mejorar las capacidades y condiciones de actuación de directivos, docentes, tutores y auxiliares; y dar a las instituciones educativas la autonomía para tomar decisiones oportunas dentro del marco normativo. También es indispensable contar con alertas tempranas, servicios especializados de apoyo y protocolos claros que definan responsabilidades de protección.

Consideramos importante reafirmar nuestro compromiso invariable de promover acuerdos y propuestas que fortalezcan una sociedad que educa desde cada espacio de interacción. Solo poniendo el bienestar y la dignidad de las nuevas generaciones en el corazón de la labor educativa haremos de cada escuela y de cada hogar un refugio seguro de esperanza, respeto y transformación para el Perú.