La apertura de la autopista Arequipa–La Joya, pese a múltiples deficiencias de seguridad peatonal, derivó en una denuncia penal contra el gobernador regional Rohel Sánchez por presunto homicidio culposo por omisión impropia. La acusación sostiene que la autoridad permitió el funcionamiento de la vía sin que estuvieran implementadas medidas necesarias para proteger a los peatones en los sectores urbanos que atraviesa.

El 10 de julio, tres días antes de la inauguración, el consejero regional César Huamantuma Alarcón acudió a la Fiscalía de Prevención del Delito para advertir sobre la ausencia de puentes peatonales, intercambios viales, reductores de velocidad y adecuada iluminación. Pese a ello, el 13 de julio el Gobierno Regional de Arequipa inauguró y puso en funcionamiento el puente Virgen de Chapi, de 371 metros, en una ceremonia que contó con la participación de Sánchez y el presidente de la República.

La habilitación se produjo cuando la obra todavía no había sido liquidada y mantenía trabajos complementarios pendientes. Incluso, al día siguiente de la inauguración, el tránsito fue restringido para continuar con estas labores. Antes de la apertura, la Contraloría también había advertido sobre evaluaciones técnicas pendientes relacionadas con la infraestructura del puente.

Después de la puesta en funcionamiento ocurrieron dos muertes en la vía a causa de accidentes automovilísticos. La primera se registró el 27 de agosto y la segunda el 29 de septiembre, cuando una mujer de 67 años murió tras ser atropellada. Para Huamantuma Alarcón ambos hechos guardan relación con los riesgos que había advertido previamente y motivan la denuncia penal contra el gobernador. “No podemos continuar poniendo en riesgo la integridad de las personas”, sostuvo.

Las diligencias de la Fiscalía de Prevención del Delito, de acuerdo con lo expuesto por el consejero, identificaron al Gobierno Regional de Arequipa como la entidad responsable de la administración de la vía. Además, un informe de tránsito estableció la necesidad de implementar puentes peatonales, reductores de velocidad e iluminación. Con base en estas actuaciones, la Fiscalía exhortó al gobernador y a las unidades competentes del GRA a adoptar medidas para reducir los riesgos.

Aunque el GRA plantea ejecutar las obras complementarias mediante la modalidad Obras por Impuestos, Huamantuma Alarcón cuestiona que dicha intervención tomará varios meses mientras la autopista continúa operativa Ante un escenario de riesgo constantes, exigió acciones inmediatas para reducir la ocurrencia de nuevos accidentes.