Jorge Cáceres Arce, presidente de la Asociación de Universidades del Perú, advierte que la Ley N.° 32680 compromete la autonomía universitaria, debilita la meritocracia y genera obligaciones presupuestales que el Estado no estaría financiando.

La estabilidad laboral de los docentes universitarios no debería convertirse en una vía para prescindir de los concursos públicos ni de la evaluación de méritos. Esa es la posición que sostiene Jorge Cáceres Arce, presidente de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) y titular de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, frente a la Ley N.° 32680, cuya derogatoria reclama junto con otras autoridades académicas del país.

El cuestionamiento no se limita a una discrepancia sobre las condiciones de contratación del profesorado. Cáceres Arce advierte que la norma puede alterar los criterios de acceso a la carrera docente, comprometer la sostenibilidad financiera de las universidades públicas y generar dificultades para mantener los estándares de formación profesional. A ello suma una preocupación institucional: considera que la autonomía universitaria queda expuesta cuando las decisiones sobre la organización académica se adoptan sin suficiente consideración de las necesidades y particularidades de cada casa de estudios.

La ASUP, que representa a 75 universidades, de las cuales 45 son públicas y las restantes privadas, ha acordado impulsar una demanda de inconstitucionalidad. La Red Peruana de Universidades (RPU) y las instituciones que integran la Agenda para el Desarrollo de Arequipa también respaldan acciones legales contra la norma. El conflicto, por tanto, amenaza con trasladarse de las aulas y las oficinas administrativas a los tribunales.

NOMBRAR SIN EVALUAR

El punto central de la controversia es el nombramiento automático de docentes universitarios contratados que acrediten cinco años de servicio, así como el pase a la carrera docente de jefes de práctica bajo condiciones previstas en la ley.

Cáceres Arce afirma que no se opone a la estabilidad laboral. Reconoce que los profesores contratados necesitan seguridad para desarrollar sus actividades académicas, investigar y mejorar su desempeño. Sin embargo, considera que esa protección no debe confundirse con el acceso automático a una plaza o categoría sin evaluar las competencias y la trayectoria de cada profesional.

Su argumento parte de una comparación. Dos docentes pueden acumular cinco años de contratación, pero tener recorridos académicos distintos. Uno puede haber obtenido maestrías y doctorados, publicado libros, desarrollado investigaciones y alcanzado reconocimiento en el sistema científico nacional, mientras otro puede haberse limitado a cumplir sus obligaciones pedagógicas ordinarias.

Si ambos reciben el mismo beneficio únicamente por el tiempo transcurrido, sostiene el rector, se desincentiva la preparación profesional y se reduce el valor de la investigación como criterio de desarrollo universitario.

«La estabilidad laboral no puede significar que se negocie la calidad universitaria», es la idea central de su cuestionamiento. Para el presidente de la ASUP, la experiencia es necesaria, pero no debería sustituir la evaluación de méritos. El concurso público de oposición y méritos debe seguir siendo el mecanismo para determinar quién reúne las condiciones para ingresar a la carrera docente. De lo contrario, advierte, la universidad corre el riesgo de convertir un requisito temporal en el principal criterio de selección.

El problema también alcanza a los jefes de práctica. Cáceres Arce recuerda que inició su trayectoria universitaria en esa función hace 34 años y sostiene que el conocimiento adquirido durante ese periodo constituye una experiencia valiosa, pero no elimina la necesidad de evaluar las capacidades académicas de quienes aspiran a convertirse en docentes.

Su crítica apunta a una cuestión de fondo: cómo garantizar los derechos laborales sin debilitar los mecanismos que permiten seleccionar, promover y evaluar al profesorado.

EL COSTO QUE NO ESTÁ RESUELTO

La discusión adquiere otra dimensión cuando se examina el presupuesto. Según Cáceres Arce, las universidades públicas consultadas por la ASUP han expresado preocupación porque la aplicación de la ley modifica sus previsiones de personal y genera obligaciones económicas que no estaban contempladas en sus presupuestos originales.

El rector expone el caso de una universidad que tenía programados y financiados 50 ascensos o nombramientos, pero que, debido a la aplicación automática de la norma, habría tenido que afrontar hasta 200. La diferencia entre ambas cifras evidencia, según su planteamiento, la magnitud del desajuste que puede producirse cuando una disposición legal amplía las obligaciones de personal sin asegurar previamente los recursos necesarios.

El problema no termina en la planificación administrativa. Las universidades públicas deben cumplir con sus obligaciones laborales, pero también están sujetas a las reglas de ejecución presupuestal. Si no cuentan con las partidas correspondientes, sus autoridades pueden quedar atrapadas entre la obligación de aplicar la ley y la imposibilidad de comprometer o desembolsar fondos sin respaldo financiero.

Cáceres Arce sostiene que algunos rectores han afrontado denuncias penales por presunta omisión de funciones en medio de estas dificultades. Se trata de una afirmación que requiere contrastar cada caso con los expedientes y las respuestas de las autoridades involucradas, pero que revela la gravedad institucional que atribuye al problema.

La responsabilidad del Estado, en este escenario, no puede reducirse a aprobar una disposición y trasladar su cumplimiento a las universidades. Si una norma genera nuevos gastos permanentes, debe existir una evaluación de su impacto fiscal y una previsión de financiamiento.

La ausencia de recursos suficientes puede comprometer otros gastos universitarios, desde la contratación de personal necesario hasta el mantenimiento de laboratorios, bibliotecas y servicios académicos. No obstante, para determinar la magnitud efectiva de ese impacto será necesario conocer cuántas instituciones están afectadas, el número de beneficiarios y el costo total de las obligaciones generadas.
La pregunta pendiente es cuánto cuesta aplicar la ley y quién asumirá ese gasto.

MEDICINA, EL CASO MÁS COMPLEJO

Una de las principales objeciones expuestas por Cáceres Arce se relaciona con las exigencias de contar con un porcentaje mínimo de docentes a tiempo completo. El rector afirma que la incorporación automática de jefes de práctica modifica los cálculos de personal y puede crear exigencias difíciles de cumplir en determinadas especialidades.

Como ejemplo, menciona la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María (UCSM). Según sus estimaciones, el número de docentes a tiempo completo que tendría que acreditar la institución pasaría de 15 a cerca de 70 profesionales, lo que supondría incorporar aproximadamente 55 docentes adicionales bajo esa modalidad.

El rector considera que esta exigencia no toma suficientemente en cuenta las características de la formación médica. Los profesionales necesitan mantener contacto permanente con hospitales, clínicas, pacientes y procedimientos para actualizar sus conocimientos y desarrollar sus competencias clínicas. Una política que reduzca esa vinculación, advierte, podría perjudicar la propia preparación de los futuros médicos.

A ello se suma la enseñanza práctica. En determinadas actividades, los jefes de práctica trabajan con grupos reducidos de entre tres y cinco estudiantes, una metodología que permite supervisar procedimientos, corregir errores y evaluar directamente las habilidades adquiridas.

La controversia no implica que la docencia universitaria deba quedar exenta de estándares de dedicación y calidad. El problema, según Cáceres Arce, consiste en establecer exigencias uniformes sin considerar las particularidades de las carreras ni las condiciones reales en las que se desarrolla la formación profesional.

El caso de Medicina plantea así una cuestión que trasciende a la UCSM: cómo conciliar los requisitos de dedicación docente con una enseñanza que necesita combinar conocimientos teóricos, investigación y práctica profesional permanente.

LA AUTONOMÍA, EN EL CENTRO DEL CONFLICTO

Cáceres Arce considera que la controversia compromete la autonomía universitaria, principio que permite a las instituciones organizar sus actividades académicas, administrativas y de gobierno dentro del marco constitucional y legal.

Para explicar su importancia, establece una comparación con la libertad de prensa. Así como un medio de comunicación necesita independencia para investigar, informar y publicar sin condicionamientos indebidos, señala, las universidades requieren libertad para desarrollar sus funciones académicas sin interferencias que desnaturalicen sus responsabilidades.

Desde su perspectiva, una norma que modifica la composición de la carrera docente y las obligaciones de contratación sin atender suficientemente las diferencias entre instituciones puede restringir la capacidad de organizar los recursos humanos de acuerdo con sus necesidades.

El cuestionamiento, sin embargo, deberá dilucidarse jurídicamente. La autonomía universitaria no supone que las universidades estén al margen de la ley ni de las obligaciones laborales. La controversia consiste en determinar si las disposiciones cuestionadas respetan los límites constitucionales, los principios de igualdad y mérito, y las competencias de las instituciones de educación superior.

La ASUP ha aprobado por unanimidad presentar una demanda de inconstitucionalidad. En la RPU, presidida por Julio del Valle, de acuerdo con la información proporcionada por Cáceres Arce, 23 de los 30 rectores integrantes respaldaron la iniciativa el 12 de agosto. También existe respaldo de la Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Católica San Pablo y la UCSM, que integran la Agenda para el Desarrollo de Arequipa.

Para preparar el documento legal, las instituciones recurrieron a los constitucionalistas Ernesto Blume y Víctor García Toma. La estrategia busca que el cuestionamiento sea evaluado por las instancias competentes y no quede circunscrito a una disputa gremial.

Cáceres Arce sostiene que el plazo para presentar una demanda de inconstitucionalidad es de seis años desde la publicación de la ley y afirma que todavía se encuentran dentro del periodo legal. La procedencia y los plazos aplicables deberán ser determinados conforme a las reglas procesales correspondientes.

ENTRE LOS TRIBUNALES Y EL DIÁLOGO

La ofensiva judicial no cierra la puerta a una salida política. La ASUP también respalda iniciativas legislativas orientadas a derogar la norma, entre ellas la presentada por el congresista por Arequipa, Christian Granda, según lo señalado por el rector.

La asociación plantea, además, participar en mesas técnicas con el Congreso y el Ministerio de Educación para encontrar una solución que proteja a los docentes contratados sin eliminar los criterios de evaluación académica.

La discusión exige respuestas concretas. El Estado debe explicar cómo financiará las obligaciones derivadas de la ley; las universidades deben sustentar los efectos que denuncian con información presupuestal y académica; y el Congreso debe evaluar si el mecanismo aprobado cumple el objetivo de proteger al profesorado sin afectar la calidad educativa.

La estabilidad laboral y la meritocracia no tienen por qué ser objetivos incompatibles. El desafío consiste en establecer reglas transparentes que reconozcan la experiencia, garanticen derechos y mantengan exigencias verificables para el ingreso y la promoción docente.

Para Cáceres Arce, la Ley N.° 32680 ha abierto un conflicto que compromete la gobernabilidad universitaria. Su desenlace dependerá de la evaluación constitucional, de la disponibilidad de recursos y de la capacidad de las autoridades para corregir los problemas identificados. Lo que está en discusión no es únicamente la situación contractual de miles de profesores, sino también qué criterios deben regir la formación de los profesionales que el país necesita.