El recuento de actas observadas definirá qué regiones volverán a las urnas. La revisión electoral ofrece garantías de transparencia, pero también prolonga la incertidumbre y obliga a organizar una nueva jornada, cuyo costo y utilidad dependerán de la participación ciudadana y de la calidad del debate entre los candidatos.

Once regiones del país se perfilan para una segunda vuelta en las elecciones de gobernadores regionales de 2026. Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes aparecen en este escenario, según el avance del cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que superaba el 98 % de actas contabilizadas. Sin embargo, la relación todavía puede variar mientras se resuelven las actas observadas y los procedimientos pendientes.

La legislación establece que una fórmula debe alcanzar al menos el 30 % de los votos válidos para ganar directamente la gobernación. Si ninguna obtiene ese porcentaje, las dos más votadas pasan a una segunda elección. Esta regla se aplica a los cargos de gobernador y vicegobernador regional.

En las otras diez regiones, los resultados disponibles permitían identificar fórmulas que podrían ganar en primera vuelta, aunque la confirmación definitiva depende de que concluya la revisión electoral.

ACTAR OBSERVADAS

Hasta el viernes 9 de octubre, los Jurados Electorales Especiales (JEE) habían recibido 6 930 actas observadas y resuelto 2 402 expedientes, según Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, se habían dispuesto 311 recuentos de votos.

La ONPE debía entregar las actas observadas a los JEE hasta el domingo 11 de octubre. Estos organismos deben revisar las inconsistencias y determinar si corresponde validar las actas, corregir su contabilización o efectuar un recuento. El plazo fijado para realizar las audiencias de recuento de votos de la elección regional vence el 28 de octubre.

Este procedimiento tiene una importancia que va más allá del calendario. La verificación permite resolver discrepancias y reforzar la confianza en los resultados, especialmente cuando existen diferencias estrechas entre candidatos. La demora, sin embargo, prolonga la incertidumbre sobre quiénes competirán en la siguiente etapa.

Por ello, el desafío electoral consiste en completar las revisiones con celeridad, pero sin sacrificar la transparencia ni el derecho de las organizaciones políticas a cuestionar las actas conforme a las reglas establecidas.

LA FECHA PENDIENTE

El JNE estableció inicialmente el 29 de noviembre como fecha para la segunda elección regional. No obstante, la ONPE solicitó trasladarla al 6 de diciembre, con el argumento de que necesita más tiempo para organizar la jornada, producir los materiales y distribuirlos oportunamente.

El pleno del JNE recibió el 7 de octubre al jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, para escuchar los fundamentos del pedido. La decisión debía considerar tanto las necesidades logísticas como el calendario necesario para completar el proceso y proclamar a las autoridades electas antes de que asuman sus cargos.

El especialista electoral Jorge Jáuregui sostuvo que la propuesta debe tomarse en cuenta porque la ONPE es responsable de organizar la votación. La preparación incluye materiales, medidas de seguridad, miembros de mesa, personeros y coordinación entre los actores electorales.

VENTAJAS Y RIESGOS DE VOLVER A LAS URNAS

La segunda vuelta ofrece a los ciudadanos una nueva oportunidad para comparar dos propuestas y elegir entre las fórmulas más votadas. También obliga a los candidatos a buscar respaldo más allá de sus electores iniciales, lo que puede propiciar acuerdos políticos y programáticos.

Sin embargo, una nueva jornada exige recursos adicionales para imprimir y distribuir materiales, instalar mesas y movilizar personal. También puede generar desgaste ciudadano y prolongar la incertidumbre política mientras se completa la transición hacia las nuevas autoridades.

Otro riesgo es que la campaña se concentre en ataques o acuerdos destinados únicamente a conseguir apoyos, en lugar de debatir soluciones concretas. Para evitarlo, los candidatos deberían explicar sus propuestas sobre seguridad, salud, obras paralizadas, prevención de desastres y ejecución presupuestal.

En Arequipa, donde la región figura entre las jurisdicciones que se encaminan a una segunda votación, la definición de las candidaturas dependerá de los resultados oficiales y de la conclusión de los procedimientos pendientes.

La segunda vuelta no constituye por sí misma una garantía de mejor gobierno. Su aporte dependerá de que la competencia permita contrastar propuestas y de que el ganador traduzca el respaldo electoral en compromisos verificables.

El proceso tiene, por tanto, dos exigencias: garantizar que cada voto sea contabilizado correctamente y conseguir que la nueva campaña sirva para discutir los problemas regionales. Solo cuando se resuelvan las actas observadas y se confirme el escenario electoral se conocerá qué regiones volverán a las urnas y qué candidatos disputarán sus gobiernos durante los próximos cuatro años.