Por: Carlos Meneses

Dejar las rencillas es indispensable, pero no suficiente. El país necesita que sus autoridades conviertan las diferencias en acuerdos, las promesas en acciones y las decisiones en resultados comprobables. Frente a la delincuencia, la unidad debe expresarse en políticas eficaces, transparencia y rendición de cuentas. Los peruanos no esperan una tregua entre políticos, sino un Estado que cumpla su obligación fundamental: proteger sus vidas y devolverles la tranquilidad.

El llamado de la presidenta Keiko Fujimori al Congreso para dejar de lado las diferencias partidarias y otorgar facultades legislativas al Ejecutivo para enfrentar la delincuencia plantea una necesidad evidente: el país no puede seguir atrapado en disputas políticas mientras la inseguridad condiciona la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, la unidad que exige esta emergencia no puede reducirse a una exhortación ni convertirse en una justificación para eludir responsabilidades.

La criminalidad demanda decisiones, coordinación y resultados. Las extorsiones, los asesinatos y el temor que se extiende entre comerciantes, transportistas y familias requieren una respuesta estatal capaz de proteger a la población. En ese escenario, el enfrentamiento entre instituciones o las rivalidades partidarias resultan incompatibles con la urgencia del problema. La seguridad ciudadana debe estar por encima de los cálculos políticos.

Pero dejar las rencillas no significa que el Congreso deba aprobar automáticamente todo pedido del Gobierno. Las facultades legislativas deben evaluarse con responsabilidad, precisando qué medidas se necesitan, qué objetivos persiguen y cómo se garantizará que su aplicación respete la Constitución y los derechos fundamentales. La gravedad de la delincuencia exige rapidez, pero también rigor. Una decisión apresurada, sin objetivos verificables ni mecanismos de control, no garantiza mejores resultados.

La invocación a Miguel Grau, durante la conmemoración del combate de Angamos, recuerda que el servicio al país demanda principios, responsabilidad y capacidad de anteponer el interés común a las conveniencias particulares. Ese legado pierde sentido si se utiliza únicamente como recurso retórico y no se traduce en una conducta pública coherente.

La responsabilidad tampoco recae exclusivamente en el Parlamento. El Ejecutivo debe demostrar que cuenta con una estrategia integral, instituciones coordinadas y capacidad para ejecutar las medidas que propone. No basta con reclamar herramientas legales: corresponde explicar cómo se utilizarán, qué resultados se esperan y quién responderá si las decisiones no funcionan. La lucha contra el delito requiere, además, una Policía fortalecida, investigación criminal eficaz, fiscales y jueces con recursos suficientes, así como un sistema penitenciario que no siga facilitando las operaciones de organizaciones delictivas.

La ciudadanía está cansada de escuchar anuncios mientras la inseguridad persiste. Por eso, el entendimiento entre los poderes del Estado debe medirse por sus consecuencias y no por la solemnidad de los discursos. La cooperación institucional tampoco supone renunciar a la fiscalización ni silenciar las discrepancias legítimas.