Diez bocaminas y 15 campamentos rústicos utilizados presuntamente para actividades de minería ilegal fueron destruidos durante un operativo ejecutado en el distrito de Lluta, provincia de Caylloma, en Arequipa. La intervención, denominada “Auríferos del Sur II”, se realizó el 8 de octubre en las inmediaciones del sector conocido como Cañón II y comprendió la inutilización de maquinaria, herramientas y equipos empleados en estas labores.

La acción estuvo a cargo de personal de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (DIRMEAMB PNP), en coordinación con unidades especializadas de la institución y representantes del Ministerio Público. Según la información difundida sobre el operativo, los bienes destruidos fueron valorizados en aproximadamente S/ 243 860.

La intervención busca debilitar la infraestructura utilizada para la extracción ilícita de minerales en esta zona de la provincia de Caylloma. La destrucción de bocaminas y campamentos impide, al menos temporalmente, el uso de esas instalaciones y forma parte de las acciones policiales dirigidas contra actividades que operan fuera del marco legal.

Sin embargo, la magnitud de los bienes inutilizados también plantea interrogantes sobre la continuidad de estas operaciones en el territorio, la capacidad de fiscalización y la necesidad de mantener vigilancia después de los operativos. La eliminación de instalaciones no garantiza por sí sola que la actividad no se reanude en otros puntos si no existe control permanente.

CUESTIONAN INTERVENCIÓN

Además de las acciones policiales, la operación generó cuestionamientos entre algunos mineros de la zona. Según la información publicada, estos sostienen que una empresa privada estaría involucrada en la intervención por intereses propios.

Esta versión no constituye una conclusión acreditada y requiere ser contrastada con información de las autoridades y de la empresa aludida. Para esclarecer el cuestionamiento, resulta necesario conocer si existe alguna relación entre la intervención policial y los intereses económicos señalados, así como determinar los fundamentos técnicos y legales que sustentaron la destrucción de las instalaciones.

La transparencia resulta especialmente importante en zonas donde confluyen actividades mineras, disputas por el acceso a recursos y obligaciones de protección ambiental. Las autoridades deben explicar los criterios utilizados para identificar las instalaciones intervenidas y documentar las evidencias que justificaron su calificación como parte de una actividad ilegal.

FISCALIZACIÓN Y CONTROL

El operativo “Auríferos del Sur II” deja como resultado inmediato la destrucción de 25 instalaciones entre bocaminas y campamentos, además de equipos y herramientas valorizados en más de S/ 243.000.

El siguiente desafío será determinar si estas acciones forman parte de una estrategia sostenida de fiscalización y prevención. Para evitar que la minería ilegal se traslade a otros sectores, se requiere coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y las entidades competentes en materia minera y ambiental.

También será importante establecer si se produjeron daños ambientales y qué medidas corresponden para recuperar las áreas afectadas.

La intervención en Lluta constituye una acción contra la infraestructura vinculada a la presunta extracción ilegal, pero su alcance deberá evaluarse a partir de la continuidad de los controles, la identificación de los responsables y la transparencia frente a los cuestionamientos planteados por los trabajadores de la zona.