Contraloría advierte que 35 obligaciones pendientes llegaron a cobranza coactiva y podrían generar embargos, mayores intereses y riesgos para los recursos públicos y los derechos previsionales de los trabajadores.

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) acumula una deuda de S/ 4 millones 756 mil 493 con EsSalud y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), correspondiente a obligaciones pendientes entre 1997 y 2016. El incumplimiento llegó a la etapa de cobranza coactiva ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), situación que expone a la entidad a embargos y al incremento de sus obligaciones por intereses moratorios, recargos y gastos administrativos.

La Contraloría General de la República advirtió sobre esta situación mediante dos informes de orientación de oficio emitidos el 2 de octubre de 2026. Los documentos identifican 35 obligaciones pendientes de regularización y alertan que el crecimiento de la deuda podría comprometer la disponibilidad presupuestaria de la entidad educativa, que debe atender las necesidades del sistema educativo regional.

Del monto total, S/ 2 millones 920 mil 541 corresponden a EsSalud y S/ 1 millón 835 mil 952 a la ONP. Ambas obligaciones tienen su origen en períodos que abarcan casi dos décadas, sin que hasta la fecha se haya concretado su regularización.

32 OBLIGACIONES CON ESSALUD

El Informe de Orientación de Oficio N.° 16738-2026-CG/PREV-SOO detalla 32 obligaciones pendientes con EsSalud, correspondientes al período 1997-2016. Estas incluyen aportaciones al Seguro Regular y multas por infracciones tributarias, entre ellas la consignación de cifras falsas y la omisión de declaraciones juradas.

La Contraloría advierte que mantener estas obligaciones en cobranza coactiva puede derivar en medidas cautelares sobre las cuentas bancarias de la GREA, además de elevar progresivamente el monto exigible. Los recursos que eventualmente deban destinarse a cancelar la deuda podrían reducir la capacidad financiera de la institución para atender sus responsabilidades.

El problema también tiene implicancias para los trabajadores. El incumplimiento de las aportaciones puede poner en riesgo la cobertura de salud de los servidores y sus familias, así como el acceso a prestaciones económicas vinculadas con incapacidad temporal, maternidad y lactancia.

Por ello, la deuda no representa únicamente una obligación contable pendiente, sino un asunto que puede afectar derechos asociados a la seguridad social.

S/ 1.5 MILLONES POR UNA SOLA OBLIGACIÓN

En el caso de la ONP, el Informe N.° 16967-2026-CG/PREV-SOO identifica tres resoluciones de multa por retenciones no pagadas, correspondientes a diciembre de 2002, octubre de 2009 y septiembre de 2015.

La obligación de mayor cuantía asciende a S/ 1 millón 557 mil 566 y corresponde a diciembre de 2002. Esta cifra representa la mayor parte del monto total pendiente con el sistema previsional y evidencia la magnitud de los compromisos que la entidad todavía debe resolver.

Según la Contraloría, el incumplimiento de estas obligaciones puede perjudicar el reconocimiento de los aportes previsionales y generar dificultades para que los trabajadores accedan a una pensión de jubilación cuando corresponda.

CINCO DÍAS PARA INFORMAR MEDIDAS

Ante los hallazgos, la Contraloría notificó los informes al titular de la GREA, Marco Choque Manrique, para que se adopten las acciones correspondientes.

La entidad debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las medidas preventivas o correctivas adoptadas o previstas, acompañadas de la documentación que sustente su implementación.

Entre las alternativas para regularizar las obligaciones figuran el pago total, el aplazamiento, el fraccionamiento y los mecanismos de sinceramiento de deudas que resulten aplicables.

La atención de estas observaciones deberá determinar cómo se afrontarán los compromisos pendientes y qué medidas se adoptarán para evitar que continúen acumulándose intereses y gastos de cobranza. Mientras tanto, la deuda mantiene expuesta a la GREA a nuevas medidas de ejecución y a una eventual presión adicional sobre su presupuesto.