Por: Carlos Meneses

Arequipa conoce las consecuencias de las lluvias intensas. Por eso, sería irresponsable esperar una nueva tragedia para actuar. La seguridad escolar no puede depender de la suerte ni de que las precipitaciones sean menos severas de lo previsto. Prevenir significa intervenir antes, prepararse significa contar con respuestas efectivas y gobernar responsablemente significa no exponer a los estudiantes a riesgos evitables.

Arequipa no puede esperar a que las lluvias vuelvan a provocar inundaciones, daños materiales y pérdidas humanas para reconocer que la prevención sigue siendo una tarea pendiente. La advertencia de que más de 13 mil escolares estudian en colegios ubicados en distritos con alto o muy alto riesgo de inundación debería ser suficiente para exigir acciones inmediatas. No se trata de sembrar alarma, sino de evitar que la falta de previsión termine exponiendo a niños y adolescentes a peligros que las autoridades tienen la obligación de anticipar.

La vulnerabilidad de la región no depende únicamente de la intensidad de las precipitaciones. También está relacionada con la capacidad de los gobiernos para identificar los riesgos, ejecutar obras oportunamente y garantizar que la infraestructura pública esté preparada para responder a las emergencias. Cuando estas tareas se postergan, las consecuencias recaen sobre la población, incluso sobre quienes deberían recibir una protección prioritaria: los escolares.

Las cifras del Instituto Peruano de Economía revelan una situación preocupante. Al cierre de 2025, el 75% de los proyectos de drenaje pluvial de la región estaba paralizado o abandonado. A ello se suma la exposición de más de 3 mil kilómetros de vías a desastres y el riesgo que enfrentan cientos de miles de personas ante posibles inundaciones. No son amenazas desconocidas ni problemas que aparezcan de manera inesperada cada temporada. Son vulnerabilidades identificadas que requieren decisiones concretas.

En el ámbito educativo, la prevención debe comenzar antes de que se registren las primeras emergencias. La Gerencia Regional de Educación, las unidades de gestión educativa local y los municipios deben coordinar la evaluación de los planteles expuestos, verificar sus condiciones de seguridad y establecer protocolos de actuación. Allí donde exista un peligro que no pueda mitigarse de inmediato, corresponde evaluar medidas temporales que protejan la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores, incluida la suspensión de actividades presenciales cuando las condiciones lo justifiquen.

Prepararse tampoco consiste únicamente en organizar simulacros o difundir recomendaciones. Es necesario limpiar quebradas y cauces, mantener operativos los sistemas de evacuación de aguas, asegurar rutas de acceso y salida, disponer de planes de contingencia y comunicar oportunamente los riesgos a las familias. Cada institución educativa debe saber cómo actuar y cada autoridad debe asumir responsabilidades verificables.

La advertencia sobre los escolares debe servir, además, para revisar el uso de los recursos públicos. Que tres de cada cuatro proyectos de drenaje estén paralizados o abandonados evidencia una brecha entre las necesidades de protección y la respuesta institucional. Las autoridades deben explicar qué impide concluir estas obras, qué intervenciones son prioritarias y en qué plazos se ejecutarán.