La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa respaldó el proyecto normativo del Ejecutivo que tipifica faltas leves, graves y muy graves, contemplando desde suspensiones temporales hasta la separación definitiva del plantel.

Las instituciones educativas privadas de la región Arequipa incorporarán en sus reglamentos internos para el próximo año escolar los nuevos lineamientos de disciplina y convivencia anunciados por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa, Rutbel Begazo, informó que el sector evalúa de manera favorable la propuesta tras los anuncios del Ministerio de Educación.

Según explicó el directivo, el procedimiento contempla un plazo inicial de treinta días tras la prepublicación del texto para recibir aportes y observaciones que permitan precisar la norma. Una vez emitida la versión oficial, los planteles dispondrán de otros treinta días para adecuar sus estatutos internos antes del inicio del nuevo periodo lectivo.

En el ámbito particular, las nuevas disposiciones deberán comunicarse formalmente a las familias treinta días antes del proceso de matrícula, integrándolas en el contrato de prestación de servicios educativos. De esta manera, los colegios que matriculen en enero entregarán el reglamento actualizado en diciembre, y aquellos que inicien el trámite en febrero lo harán en enero.

La propuesta normativa clasifica las infracciones estudiantiles en leves, graves y muy graves, estableciendo una escala progresiva de medidas correctivas. Begazo precisó que la acumulación o reincidencia de faltas leves pasará a considerarse grave, lo que facultará la aplicación de suspensiones temporales de dos a tres días tras agotar las acciones reparadoras.

Entre las conductas tipificadas como faltas graves figuran el daño injustificado al mobiliario o paredes del plantel, el uso indebido de teléfonos celulares, la acumulación de más de tres tardanzas sin justificación y la posesión de sustancias prohibidas. También se incluye la agresión física leve sin lesiones, la agresión psicológica y la falsificación de firmas en agendas o libretas.

Por su parte, las faltas muy graves comprenden el acoso escolar, la extorsión, la alteración violenta del orden, el porte o uso injustificado de armas u objetos peligrosos y la venta de sustancias prohibidas. La comisión de estas infracciones o su reincidencia conllevará la separación del colegio y el traslado del alumno hacia la Educación Básica Alternativa.

El representante gremial respaldó además el restablecimiento del control sobre el uso del uniforme y la presentación personal, restringiendo cortes de cabello ajenos al reglamento, uñas pintadas o alteraciones en la vestimenta escolar. Cuestionó la sobreprotección familiar de los últimos años y exhortó a los padres a coordinar con los directivos para sostener la formación integral.

Estos factores —asistencia, puntualidad, presentación personal y acatamiento de las reglas— incidirán directamente en la calificación de la nota de comportamiento del estudiante. Para la asociación, la evaluación conductual no debe limitarse al trato en el aula, sino reflejar el nivel de cumplimiento frente a las disposiciones institucionales.

Begazo sostuvo que el nuevo marco legal restituirá la autoridad docente dentro de las aulas, debilitada en años recientes por las constantes denuncias de padres de familia ante cualquier llamada de atención o medida correctiva. Esta situación, afirmó, había desincentivado a los educadores a asumir cargos directivos o ejercer controles disciplinarios.

La aplicación de estos lineamientos no exigirá contratar más personal auxiliar, pues el control recaerá en el trabajo articulado entre los profesores de aula y los jefes de normas educativas. Los docentes registrarán las incidencias en un anecdotario físico y digitalizado que permitirá medir el grado de reincidencia de cada escolar para ejecutar la sanción correspondiente.