Por: Carlos Meneses

Cien patrulleros estacionados no son cien patrulleros al servicio de Arequipa. Son una inversión que todavía no cumple su propósito y una obligación pendiente de la autoridad regional. La seguridad ciudadana exige menos burocracia, más previsión y resultados comprobables. Lo demás son vehículos inmóviles y ciudadanos que continúan esperando.

La inseguridad ciudadana no se enfrenta con anuncios ni con fotografías de vehículos recién adquiridos. Se enfrenta con policías en las calles, patrullaje permanente y recursos públicos que cumplan la finalidad para la que fueron destinados. En Arequipa, sin embargo, cien patrulleros valorizados en más de S/18 millones permanecen desde mayo a la intemperie, en Río Seco, mientras el Gobierno Regional sigue sin completar los trámites para entregarlos a la Policía Nacional. Es difícil encontrar una muestra más evidente de la distancia entre gastar dinero público y ofrecer resultados a la población.

Las camionetas debían reforzar el trabajo de 58 comisarías. Están en Arequipa, tienen equipamiento y llevan los distintivos institucionales, pero no circulan. La explicación apunta a la inmatriculación y las placas. El problema no es que estos documentos carezcan de importancia, sino que su tramitación debió formar parte de una planificación responsable. ¿Cómo se decide adelantar la recepción de cien vehículos sin garantizar que puedan entrar en servicio? ¿Quién debía coordinar los procedimientos y por qué, cinco meses después, siguen pendientes?

El Gobierno Regional debe responder estas preguntas sin refugiarse en explicaciones burocráticas. Los trámites administrativos no pueden convertirse en una justificación permanente para la inacción. Si la autoridad regional optó por recibir anticipadamente los patrulleros, también debía prever las condiciones para su distribución. De lo contrario, la supuesta ventaja de adelantar la entrega termina convertida en una inversión inmovilizada.

La situación resulta todavía más cuestionable porque las unidades permanecen expuestas al sol y al polvo, sin la protección que corresponde a bienes públicos de semejante valor. Mientras se resuelve la documentación, alguien debe garantizar su conservación, seguridad y mantenimiento. No basta con estacionarlas en un almacén y esperar. Cualquier deterioro evitable comprometería recursos que pertenecen a todos los ciudadanos.

Tampoco debe confundirse la compra de vehículos con el fortalecimiento efectivo de la seguridad. Adquirir cien camionetas puede representar un avance material, pero el resultado debe medirse por su incorporación al servicio, la capacidad de respuesta de las comisarías y el patrullaje que finalmente recibe la población. Hasta que eso ocurra, el proyecto seguirá sin producir el beneficio esperado.

La fiscalización anunciada por la consejera regional Yesenia Choquehuanca debe establecer responsabilidades concretas. Corresponde precisar cuándo comenzaron los trámites, qué documentos faltan, qué oficinas tienen a su cargo resolverlos y por qué no se previó esta situación. No se trata de encontrar un responsable para la fotografía, sino de determinar las fallas administrativas y corregirlas.

El Gobierno Regional debe informar un plazo verificable para completar la documentación y entregar las unidades, además de garantizar su adecuada custodia. La Policía, por su parte, necesita conocer cuándo podrá disponer de estos recursos para organizar su incorporación al patrullaje.

Los ciudadanos no pueden seguir esperando mientras las instituciones trasladan responsabilidades de una oficina a otra. La delincuencia no se detiene por falta de placas ni concede treguas mientras se completan expedientes. Cada día de demora posterga la utilización de una herramienta destinada a reforzar la seguridad.