Por Carlos Meneses

Arequipa no puede aceptar que millones de soles terminen convertidos en edificios inconclusos, equipamiento cuestionado o infraestructura deficiente. La población necesita hospitales que funcionen, no promesas que se repiten mientras las obras acumulan observaciones. La salud pública no admite improvisaciones ni triunfalismos: exige resultados verificables y responsables que respondan por ellos.

El Hospital Maritza Campos Díaz debería ser una respuesta concreta a la necesidad de atención médica en el Cono Norte de Arequipa. Sin embargo, después de más de cinco años de abandono, su culminación vuelve a estar bajo cuestionamiento. El saldo de obra supera los S/ 162 millones y la Contraloría ha identificado siete situaciones adversas que comprometen la ejecución, la calidad y la supervisión de los trabajos. No es una advertencia que pueda despacharse como un trámite administrativo: se trata de dinero público y de un establecimiento del que depende la salud de miles de ciudadanos.

Las observaciones son graves. Se detectaron deficiencias en la documentación de equipos médicos, diferencias entre partidas valorizadas y trabajos efectivamente ejecutados, ausencia de personal clave y problemas constructivos. Incluso se advirtieron incompatibilidades técnicas en ambientes destinados a procedimientos médicos. ¿Cómo puede una gestión regional asegurar que entregará un hospital si todavía existen dudas sobre la calidad de lo construido, el equipamiento y la correspondencia entre lo pagado y lo ejecutado?

La responsabilidad del Gobierno Regional de Arequipa no consiste en anunciar fechas ni exhibir porcentajes de avance. Consiste en garantizar que cada sol invertido se traduzca en infraestructura segura, equipos operativos y servicios que funcionen. Una obra hospitalaria no se mide por la ceremonia de inauguración ni por la fotografía del gobernador, sino por su capacidad para atender pacientes sin ponerlos en riesgo.

Más preocupante aún es que el Maritza Campos no sea un caso aislado. En Chuquibamba, otra inversión sanitaria, valorizada en S/ 35 millones, presenta observaciones relacionadas con estructuras, albañilería, valorizaciones, evacuación pluvial, accesibilidad y abastecimiento de agua. Dos proyectos de salud con problemas técnicos y de control revelan una gestión que debe explicar qué está fallando en sus mecanismos de ejecución y supervisión.

La Contraloría advierte riesgos; ahora corresponde a las autoridades actuar. El Gobierno Regional debe corregir las deficiencias, verificar las valorizaciones, deslindar responsabilidades y transparentar las medidas adoptadas. Si hubo pagos por trabajos no ejecutados, deben establecerse las responsabilidades que correspondan. Si existen defectos constructivos, deben subsanarse antes de cualquier entrega.