El Perú utiliza imágenes del satélite PerúSAT-1 y análisis geoespacial para localizar dragas, campamentos y zonas de extracción ilícita. En Arequipa, provincias como Caravelí, Camaná y Condesuyos enfrentan el desafío de controlar la actividad minera informal y evitar que las redes ilegales se expandan.

La minería ilegal ya no se combate únicamente con patrullas, vehículos y operativos en zonas remotas. El Estado peruano ha incorporado tecnología satelital para identificar áreas de extracción clandestina, ubicar campamentos y reconocer maquinaria utilizada para explotar recursos minerales sin autorización. El objetivo es que las fuerzas del orden lleguen a los lugares donde se desarrolla esta actividad con información previa y mayores posibilidades de intervenir las operaciones.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP), mediante la Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional (DIVAN), procesa imágenes captadas por el satélite PerúSAT-1 y otras fuentes de observación. Los especialistas aplican técnicas de teledetección y análisis geoespacial para identificar modificaciones en el territorio, instalaciones y otros indicios vinculados con la minería ilegal.

Los informes elaborados con esta información sirven como insumo para que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las instituciones encargadas de la persecución penal planifiquen intervenciones en zonas de difícil acceso. La tecnología permite reconocer áreas que requieren verificación en el terreno y orientar los recursos hacia puntos donde existen indicios de actividad ilícita.

El desafío es convertir esas imágenes en resultados concretos: maquinaria retirada, campamentos desarticulados, responsables identificados y daños ambientales que puedan ser investigados. La vigilancia satelital, por sí sola, no reemplaza las intervenciones ni las investigaciones fiscales, pero puede mejorar la capacidad del Estado para actuar sobre territorios extensos y de acceso complicado.

MADRE DE DIOS: 236 DRAGAS DETECTADAS

Uno de los casos más recientes citados por el Gobierno corresponde a Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por la extracción ilegal de oro.

A finales de agosto, el análisis de imágenes satelitales de más de 33 000 hectáreas en los distritos de Inambari y Laberinto, en la provincia de Tambopata, permitió identificar 236 dragas utilizadas para extraer oro, 118 canaletas de lavado de mineral, 242 instalaciones operativas y cinco campamentos clandestinos dentro de la Reserva Nacional de Tambopata, según información difundida por la Agencia Andina.

La evaluación también evidenció la degradación de más de 4 000 hectáreas de bosque amazónico en la zona examinada, asociada a las actividades de extracción ilegal.

A partir de estos hallazgos, personal de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra, de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional y representantes de las fiscalías especializadas en materia ambiental se desplazaron hacia los puntos identificados para intervenir campamentos, maquinaria e insumos vinculados con esta actividad.

El caso demuestra la utilidad de combinar la observación desde el espacio con la presencia de las autoridades en el territorio. Las imágenes permiten identificar indicios y dimensionar la intervención humana sobre el bosque; los operativos deben determinar qué actividades constituyen delitos, quiénes las ejecutan y qué responsabilidades corresponden.

Las acciones se enmarcan en la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

AREQUIPA TAMBIÉN ENFRENTA EL DESAFÍO

Aunque el ejemplo de Madre de Dios se concentra en la Amazonía, Arequipa tiene una realidad minera que exige vigilancia y fiscalización permanente. En las provincias de Caravelí, Camaná y Condesuyos existe una importante actividad de pequeña minería y minería artesanal, en la que conviven operaciones formalizadas, productores en proceso de regularización y actividades que deben ser investigadas cuando existen indicios de ilegalidad.

La magnitud del desafío quedó reflejada en información publicada por el Gobierno Regional de Arequipa en octubre de 2024. Según esos datos, la región registraba 16 255 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO): 3 852 vigentes y 12 403 suspendidas. Caravelí concentraba 6 893 inscripciones; Condesuyos, 3 326; y Camaná, 3 107. Estas cifras corresponden a ese reporte y no deben interpretarse como un conteo actualizado de operaciones ilegales, pues estar inscrito o tener un registro suspendido no equivale automáticamente a una determinación judicial de delito.

Sin embargo, los datos muestran la dimensión del proceso de formalización y la necesidad de verificar las condiciones reales en que se desarrolla la actividad minera. La inscripción en el REINFO no sustituye el cumplimiento de las exigencias legales, ambientales, técnicas y de seguridad que correspondan.

En mayo de 2025, el propio Gobierno Regional solicitó la intervención del Estado en Caravelí para reforzar el control de la actividad minera informal y prevenir nuevos hechos de violencia. El pedido incluyó medidas de vigilancia sobre el ingreso y la salida de explosivos, insumos y producción minera.

En ese escenario, las herramientas satelitales podrían contribuir a identificar nuevas áreas de explotación, detectar cambios en el terreno y ubicar instalaciones que necesiten una inspección. No obstante, la información disponible no confirma que el operativo de Madre de Dios se haya replicado en Arequipa con los mismos resultados. Para evaluar su aplicación regional se requieren datos oficiales sobre las zonas monitoreadas, los hallazgos y las intervenciones derivadas de ellos.

CARAVELÍ Y EL RETO DE ORDENAR LA ACTIVIDAD

Caravelí concentra buena parte de la actividad minera artesanal de Arequipa. Distritos y localidades como Chala, Atico, Huanuhuanu y Cháparra forman parte de un territorio donde la formalización, la seguridad laboral, el control ambiental y la fiscalización son asuntos centrales.

En enero de 2026, el Gobierno Regional informó que impulsaba la implementación de un Parque Minero Metalúrgico, con una inversión anunciada superior a los 40 millones de dólares. La propuesta busca crear condiciones para que pequeños mineros y productores artesanales procesen sus minerales en instalaciones formales. La entidad estimó que el proyecto podría beneficiar a alrededor del 60 % de los 15 000 mineros artesanales considerados en su planteamiento. Se trata de una meta anunciada, no de un resultado ya alcanzado.

La formalización y la interdicción cumplen funciones distintas, pero complementarias. La primera busca incorporar a la legalidad a quienes pueden cumplir los requisitos; la segunda debe enfrentar las actividades que operan al margen de la ley. Ninguna de las dos puede funcionar adecuadamente si las autoridades desconocen dónde se extrae el mineral, qué instalaciones se utilizan o cómo se desplazan los insumos.

Las imágenes satelitales pueden ayudar a identificar zonas intervenidas y cambios en la superficie, pero no determinan por sí solas la titularidad de una concesión, la autorización para explotar un yacimiento ni la responsabilidad penal de una persona. Esos aspectos requieren contrastar la información geográfica con registros mineros, permisos, inspecciones y actuaciones fiscales.

DEL SATÉLITE A LA SANCIÓN

La incorporación de tecnología plantea una pregunta fundamental: ¿cómo garantizar que la información detectada se traduzca en acciones sostenidas y no quede únicamente en informes técnicos?

Para ello, es necesario que la FAP, la Policía, el Ministerio Público, las autoridades ambientales y las entidades regionales intercambien información y coordinen intervenciones. También deben existir mecanismos para dar seguimiento a los lugares intervenidos, comprobar si la actividad se reanuda y documentar los daños ocasionados.

En Arequipa, una estrategia de vigilancia de este tipo podría contribuir a priorizar inspecciones en zonas mineras de Caravelí, Camaná y Condesuyos, siempre que las autoridades determinen los sectores de interés mediante información verificada. Los resultados deberían incluir indicadores públicos: áreas examinadas, alertas confirmadas, operativos ejecutados, maquinaria incautada, investigaciones abiertas y medidas de reparación ambiental.

El uso de imágenes satelitales también puede fortalecer la prevención. Detectar oportunamente una expansión de las zonas intervenidas permitiría movilizar equipos de fiscalización antes de que los daños aumenten. Pero esa posibilidad depende de contar con personal, presupuesto, capacidad operativa y coordinación institucional.

La minería ilegal representa un problema ambiental, económico y de seguridad. Combatirla exige más que operativos aislados: requiere identificar las redes que extraen, procesan y comercializan minerales, así como investigar el financiamiento y las rutas de abastecimiento que sostienen sus actividades.

El Perú ya dispone de herramientas para observar desde el espacio territorios donde la presencia estatal es limitada. El siguiente paso es demostrar que esa ventaja tecnológica se traduce en una fiscalización efectiva. En Arequipa, donde la actividad minera tiene un peso económico importante y el proceso de formalización continúa siendo un desafío, la vigilancia satelital puede ser un instrumento valioso, siempre que esté acompañada de controles en el terreno, investigaciones y sanciones cuando corresponda.