En Arequipa, las diferencias en el acceso a servicios, la anemia infantil y las oportunidades laborales evidencian la necesidad de convertir los planes públicos en resultados concretos.

DESAFÍO

Las brechas en salud, educación, empleo y reducción de la pobreza continúan siendo algunos de los principales desafíos para el desarrollo de las regiones del país. En Arequipa, donde conviven actividades económicas dinámicas con sectores de la población que enfrentan dificultades para acceder a servicios de calidad, el reto no consiste únicamente en destinar recursos públicos, sino en garantizar que estos se traduzcan en mejoras concretas para los ciudadanos.

El presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), Saúl Barrera Ayala, señaló que estos cuatro ámbitos constituyen prioridades para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030. Su planteamiento fue expuesto durante la presentación del Índice Regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Perú 2026.

El funcionario sostuvo que atender estos sectores puede generar avances en otros indicadores de desarrollo y contribuir a reducir las desigualdades territoriales. Sin embargo, advirtió que los promedios nacionales no siempre reflejan las dificultades particulares que enfrentan determinadas regiones o grupos de población.

Esta advertencia resulta relevante para Arequipa, una región que registra importantes actividades mineras, industriales, comerciales y agropecuarias, pero que también debe afrontar problemas relacionados con la cobertura y calidad de los servicios públicos, las condiciones de vida de las familias vulnerables y las oportunidades de empleo formal.

SALUD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS

En materia sanitaria, Arequipa enfrenta desafíos que requieren intervenciones sostenidas. Entre ellos figura la anemia infantil, que afecta al 39,7% de los niños, según cifras regionales previamente difundidas. Este problema compromete el desarrollo físico y cognitivo de los menores y puede repercutir en su desempeño escolar y sus oportunidades futuras.

La reducción de este indicador exige una respuesta que vaya más allá de las campañas temporales. El acceso oportuno a los establecimientos de salud, el seguimiento nutricional, la disponibilidad de suplementos y la participación de las familias deben acompañarse de servicios de agua segura, saneamiento y alimentación adecuada.

La capacidad de atención de los hospitales también constituye una preocupación. La demanda de consultas y servicios especializados presiona la infraestructura sanitaria y evidencia la necesidad de mejorar la distribución de profesionales, equipamiento y recursos entre los establecimientos de la región.

En educación, el desafío consiste en garantizar que los estudiantes no solo permanezcan en las aulas, sino que reciban una enseñanza de calidad y cuenten con condiciones apropiadas para aprender. La infraestructura, el acceso a tecnología, la preparación docente y las diferencias entre las zonas urbanas y rurales influyen en las oportunidades de niños y adolescentes.

En las provincias alejadas de la capital regional, las dificultades de transporte y conectividad pueden complicar el acceso a determinados servicios. Por ello, la planificación pública necesita identificar dónde se concentran las mayores carencias y orientar las inversiones hacia las poblaciones que requieren atención prioritaria.

EMPLEO Y POBREZA

El empleo constituye otra de las prioridades. Aunque Arequipa cuenta con actividades productivas que generan movimiento económico, el crecimiento de sectores como la minería no garantiza por sí solo que todas las familias accedan a puestos de trabajo estables, con protección social y remuneraciones suficientes.

La informalidad, las dificultades de inserción laboral de los jóvenes y la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas de los trabajadores forman parte de los retos que deben abordarse mediante políticas coordinadas entre el Estado, las empresas y las instituciones educativas.

La formación profesional debe responder, además, a las necesidades reales del mercado laboral regional. Una mayor articulación entre institutos, universidades y sectores productivos permitiría mejorar la preparación de los jóvenes y ampliar sus posibilidades de incorporarse a actividades con mejores condiciones laborales.

La reducción de la pobreza tampoco puede evaluarse únicamente por el crecimiento de la economía regional. Es necesario observar si los ingresos de los hogares permiten cubrir sus necesidades básicas, si las familias cuentan con servicios esenciales y si las oportunidades de desarrollo llegan también a quienes viven en zonas rurales o en sectores urbanos vulnerables.

En ese contexto, el reto de las autoridades regionales y locales es establecer objetivos verificables, identificar a las poblaciones con mayores necesidades y evaluar periódicamente si las intervenciones públicas están produciendo cambios efectivos.

PRESUPUESTO PÚBLICO Y PLANIFICACIÓN

Durante su participación, Barrera Ayala informó que se estableció una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mejorar la articulación entre la planificación y la asignación de recursos públicos.

El funcionario explicó que las políticas nacionales y los programas presupuestales pueden desarrollar procesos de planificación paralelos, incluso cuando persiguen objetivos similares. Esta situación dificulta la coordinación y puede reducir la efectividad de las intervenciones estatales.

La advertencia tiene implicancias para los gobiernos regionales y municipalidades, responsables de ejecutar inversiones y programas que inciden directamente en la vida cotidiana de la población. Elaborar planes de desarrollo no es suficiente si estos no guardan correspondencia con los presupuestos, los plazos de ejecución y las metas que deben alcanzarse.

Para Arequipa, este enfoque supone evaluar no solo cuánto dinero se asigna a salud, educación, saneamiento o infraestructura, sino también qué resultados se obtienen. Una obra concluida, por ejemplo, debe traducirse en un servicio operativo; del mismo modo, un programa social debe demostrar que contribuye a mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarios.

Destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades. A ello sumó la participación del sector privado y la academia para dar continuidad a las iniciativas de desarrollo, incluso cuando se producen cambios de funcionarios.

Para Arequipa, contar con información comparable y actualizada resulta fundamental para reconocer los sectores con mayores rezagos, establecer prioridades y evaluar el impacto de las decisiones públicas. La medición debe servir para corregir intervenciones que no funcionan y orientar los recursos hacia las necesidades más urgentes. En una región con capacidad productiva y necesidades sociales todavía pendientes, la reducción de las brechas dependerá de que la planificación se convierta en servicios de calidad, mejores oportunidades laborales y condiciones de vida más equitativas para la población.