Por Carlos Meneses

El GRA debe establecer el monto definitivo, identificar el financiamiento y presentar un cronograma verificable de pagos. También debe esclarecer las responsabilidades por los retrasos. No puede exigir solidaridad a los proveedores durante una emergencia y luego abandonarlos frente a sus acreedores. La responsabilidad pública no termina cuando baja el agua o se despeja una carretera: también consiste en cumplir la palabra institucional y rendir cuentas por las decisiones tomadas. Arequipa necesita una administración capaz de prevenir desastres, pero también de responder por sus obligaciones sin trasladar el costo de sus fallas a terceros.

Las emergencias por lluvias de 2024 y 2025 dejaron daños en Arequipa, pero también una deuda que evidencia las deficiencias del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para responder con responsabilidad a sus obligaciones. Entre S/ 15 millones y S/ 18 millones adeudaría la entidad a proveedores que alquilaron maquinaria pesada y prestaron servicios durante las contingencias. El monto todavía debe determinarse mediante conciliaciones extrajudiciales. Lo que no está en discusión es que hay proveedores que cumplieron y siguen esperando que les paguen.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional identificó alrededor de 175 fichas pendientes. Una comisión investigadora del Consejo Regional priorizó unas 50 para calcular el volumen de las obligaciones. Las cifras son suficientemente graves para exigir respuestas, pero el Gobierno Regional todavía espera conocer los saldos presupuestales al cierre del año para evaluar si podrá cancelar la deuda. Es decir, quienes atendieron las emergencias deben seguir esperando mientras la administración busca cómo financiar compromisos que debieron preverse y atenderse oportunamente.

No se trata de obligaciones menores ni de una diferencia contable sin consecuencias. Algunos proveedores reclaman más de S/ 4 millones; otros esperan pagos superiores al millón de soles. También hay pequeños empresarios con deudas menores a S/ 80 mil por el alquiler de volquetes y retroexcavadoras. Para estos últimos, el retraso puede significar quedarse sin capital de trabajo, acumular obligaciones financieras y perder contratos por no disponer de liquidez.

El GRA no puede convertir sus dificultades administrativas en una carga que deban soportar quienes prestaron servicios al Estado. Si las empresas movilizaron maquinaria para atender una emergencia, corresponde verificar las prestaciones, determinar las obligaciones y pagar conforme a los procedimientos legales. La burocracia no puede servir de excusa permanente para incumplir compromisos.

Más preocupante aún es que, vencidos los mecanismos extraordinarios vinculados a las declaratorias de emergencia, los expedientes deban seguir otra ruta para concretar los desembolsos. Las conciliaciones y la disponibilidad presupuestal son pasos necesarios, pero no deberían convertirse en una cadena interminable de trámites. La gestión regional debe explicar qué impidió procesar oportunamente los pagos y por qué las obligaciones llegaron a este punto.

La evaluación de posibles responsabilidades administrativas es pertinente. Los expedientes serán remitidos a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para determinar si hubo actuaciones u omisiones de funcionarios que perjudicaron el cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, investigar no reemplaza la obligación de pagar. Tampoco basta con abrir procedimientos si no se identifican responsabilidades ni se adoptan medidas correctivas.

La deuda tiene, además, una consecuencia que compromete la capacidad de respuesta futura. ¿Qué proveedor estará dispuesto a movilizar maquinaria cuando Arequipa enfrente nuevas lluvias si teme no cobrar durante meses o años? La atención de emergencias requiere disponibilidad inmediata de equipos y servicios. La pérdida de confianza puede encarecer las contrataciones o reducir la cantidad de empresas dispuestas a participar.