Por Andrea Flores

La presencia del Fenómeno de El Niño vuelve a poner a prueba la capacidad de las autoridades para proteger a la población frente a lluvias intensas, huaicos e inundaciones. En un país donde las emergencias suelen revelar obras inconclusas, recursos mal aprovechados y deficiencias de planificación, la prevención no puede quedarse en anuncios ni compromisos. Debe traducirse en intervenciones oportunas que reduzcan los riesgos y eviten pérdidas humanas.

La puesta en funcionamiento de la primera barrera dinámica en la quebrada Cupiche, en Huarochirí, demuestra que existen alternativas para contener parte del material que arrastran los huaicos. La estructura puede retener hasta 320 toneladas de sólidos y contribuir a disminuir el impacto de estos fenómenos sobre viviendas y vías de comunicación. Sin embargo, una obra aislada no basta frente a una amenaza que compromete a numerosas poblaciones.

El proyecto contempla 12 barreras dinámicas en 10 quebradas críticas de Lima Metropolitana y Huarochirí, con beneficios previstos para más de 120 mil personas. De las 12 estructuras, todavía quedan 11 pendientes. La urgencia es evidente: cada día de retraso reduce el margen disponible para preparar las zonas expuestas antes de las lluvias más intensas.

Más preocupante resulta que las geomallas destinadas a estas intervenciones permanecieran almacenadas durante aproximadamente dos años y medio. ¿De qué sirve adquirir equipos y materiales si no se instalan cuando la población los necesita? La prevención exige anticipación, capacidad de gestión y coordinación entre las instituciones responsables. Los recursos públicos deben convertirse en protección efectiva, no en bienes inmovilizados mientras aumenta la amenaza.

El desafío tampoco termina con la instalación de barreras. Es indispensable limpiar cauces, identificar viviendas vulnerables, mantener las rutas de evacuación y garantizar sistemas de alerta que funcionen oportunamente. Los gobiernos locales, regionales y nacional deben asumir responsabilidades concretas y evitar que la falta de coordinación termine trasladando las consecuencias a las familias.

En Arequipa, donde existen quebradas, torrenteras y sectores expuestos a inundaciones, esta advertencia también resulta pertinente. La identificación de puntos críticos pierde sentido si las intervenciones no avanzan con la rapidez necesaria. Las autoridades deben informar qué obras están concluidas, cuáles permanecen pendientes y qué medidas protegen actualmente a la población.

La ciudadanía también debe atender las alertas y evacuar cuando las autoridades lo dispongan. Para ello, necesita información clara, rutas seguras y confianza en los sistemas de respuesta.

El Gobierno debe convertir sus compromisos en resultados verificables y transparentar los avances de cada intervención. No se trata de prometer que no habrá desastres, sino de reducir sus consecuencias. Cuando están en juego vidas humanas, prevenir no es una opción secundaria ni una tarea para después. Es una obligación que debe cumplirse antes de que lleguen las lluvias.