Por Carlos Meneses

Arequipa necesita menos incertidumbre y más previsión. Las represas no se recuperan con declaraciones ni los cultivos sobreviven con promesas. Si las autoridades conocen el riesgo, su obligación es anticiparse. Esperar a que falte el agua para actuar sería repetir un error que la región no puede permitirse.

Arequipa enfrenta una advertencia que no debería sorprender a sus autoridades: las represas de Chili Regulado y Colca Regulado almacenan apenas el 52% de su capacidad útil y ya se aplica una racionalización de hasta el 10% del agua para uso agrícola en la irrigación Majes. Las restricciones podrían ampliarse en 2027 si las lluvias no recuperan las reservas. La pregunta es inevitable: ¿se está preparando la región para afrontar una eventual escasez o, una vez más, se esperará a que la emergencia obligue a reaccionar?

La disponibilidad de agua no puede depender de la esperanza de que llueva lo suficiente. Al 20 de octubre, ambos sistemas reunían 343,38 hectómetros cúbicos, un volumen que exige prudencia en la distribución y planificación inmediata. Sin embargo, la incertidumbre sobre las precipitaciones no justifica la inacción. Precisamente cuando no se puede controlar el clima, las autoridades deben demostrar que sí pueden gestionar responsablemente el recurso disponible.

El problema recurrente de la administración pública es actuar bajo presión, cuando las consecuencias ya afectan a la población. La prevención hídrica no consiste únicamente en observar los niveles de las represas, elaborar reportes o anunciar que las decisiones se tomarán después de la temporada de lluvias. Consiste en anticipar escenarios, establecer prioridades, reducir pérdidas y preparar medidas concretas para evitar que la escasez golpee sin respuestas oportunas.

El Gobierno Regional de Arequipa, a través de AUTODEMA, y las entidades responsables de la gestión de la cuenca Quilca-Chili deben explicar qué acciones se ejecutan para enfrentar una eventual reducción de las reservas. También corresponde conocer cómo se fiscaliza el uso del agua, qué medidas se aplican para mejorar la eficiencia del riego y qué mecanismos existen para evitar desperdicios. La agricultura necesita previsibilidad y las ciudades requieren garantías de abastecimiento; ambas demandas exigen decisiones técnicas, transparentes y oportunas.

Esperar hasta abril de 2027 para evaluar la distribución definitiva puede formar parte del calendario técnico, pero no debe convertirse en una excusa para postergar la preparación. Las autoridades tienen que trabajar desde ahora con escenarios de lluvias favorables, moderadas y deficitarias. Si la recuperación es insuficiente, las medidas de contingencia deben estar listas, no improvisarse cuando los agricultores ya enfrenten mayores restricciones.

Tampoco se puede trasladar toda la responsabilidad a la naturaleza. Las precipitaciones son variables, pero la planificación, la fiscalización y el uso eficiente del agua sí dependen de la gestión pública.