Detectan productos sin el rotulado sanitario exigido para su comercialización. Los responsables del establecimiento tienen cinco días para subsanar las observaciones y acreditar las autorizaciones correspondientes.

Más de mil productos de escritorio fueron inmovilizados durante un operativo realizado ayer en una importadora del distrito de Paucarpata, debido a observaciones en su identificación sanitaria. La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Gerencia Regional de Salud (GERESA).

Entre los artículos intervenidos figuran lápices, colores, plumones, resaltadores, correctores y marcadores de uso escolar y profesional. Los productos fueron inventariados y quedaron temporalmente impedidos de comercializarse hasta que se regularice su situación documental y sanitaria.

La subgerente de Gestión Ambiental y Salud, Giovanna Carbajal, explicó que los artículos carecían de etiquetas con la información de autorización sanitaria exigida. Sin embargo, los representantes del establecimiento aseguraron contar con una resolución emitida por la autoridad de salud, cuya correspondencia con los productos deberá verificarse antes de autorizar nuevamente su venta.

La Ley N.° 28376 y su reglamento establecen controles sobre la fabricación, importación y comercialización de juguetes y útiles de escritorio, con el propósito de evitar la exposición a sustancias tóxicas o peligrosas. La normativa exige información sanitaria visible y legible que permita identificar los productos.

La funcionaria precisó que los responsables del establecimiento disponen de cinco días para levantar las observaciones. Durante ese periodo deberán acreditar la autorización correspondiente e incorporar el rotulado exigido a los artículos intervenidos. La autoridad sanitaria verificará que la documentación coincida con los productos y que las autorizaciones se encuentren vigentes.

La intervención tuvo inicialmente carácter preventivo, aunque Carbajal advirtió que una nueva inspección podría derivar en sanciones administrativas si persisten los incumplimientos. La fiscalización busca impedir la distribución de útiles cuya documentación sanitaria no pueda comprobarse, especialmente aquellos destinados a escolares, quienes pueden mantener contacto frecuente con tintas, pigmentos y otros componentes.

La mercadería permanecerá inmovilizada hasta que los comerciantes subsanen las observaciones y las autoridades autoricen su comercialización.