Arequipa paga el precio de un gobierno central que la relega
La región no necesita anuncios sobre descentralización mientras las inversiones y oportunidades siguen concentrándose en otros territorios. Necesita decisiones. El gas natural no puede convertirse en otro proyecto del que Arequipa escuche hablar durante años sin llegar a beneficiarse. La postergación energética también es una forma de desigualdad.
La exclusión de Arequipa del nuevo proyecto de masificación del gas natural constituye otra señal del abandono del Gobierno hacia una región que, pese a su aporte económico al país, sigue esperando decisiones que atiendan sus necesidades. Mientras siete regiones del centro y sur se preparan para recibir este combustible con una inversión de 550 millones de dólares, Arequipa vuelve a quedar relegada, sin plazos, compromisos ni una explicación convincente.
La iniciativa beneficiará inicialmente a 201 411 usuarios de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. Además, contempla otros 300 613 potenciales consumidores, mediante la instalación de 3 738,9 kilómetros de redes de distribución. En un plazo de 24 a 36 meses, miles de familias podrán acceder a un combustible más económico. El balón de GLP, que hoy cuesta entre 60 y 70 soles, podrá ser reemplazado por gas natural con un gasto aproximado de 25 soles.
La pregunta inevitable es: ¿por qué Arequipa no está incluida? No se trata de una región periférica ni de una economía secundaria. Es uno de los principales motores productivos del país, aporta significativamente a la minería, la industria y el comercio, y cuenta con una población que también necesita reducir sus costos de energía. Sin embargo, cuando llega el momento de distribuir los beneficios de una política nacional, sus ciudadanos vuelven a quedar esperando.
Resulta contradictorio que el Gobierno anuncie una inversión millonaria para llevar gas a otras regiones del sur, pero no presente una ruta concreta para incorporar a Arequipa. La masificación energética no puede depender de anuncios aislados ni de decisiones que privilegien a unas poblaciones sobre otras. Debe responder a una planificación nacional que garantice igualdad de oportunidades y acceso a servicios básicos.
Tampoco basta con señalar que el proyecto será complementario al gasoducto del sur. Arequipa necesita saber qué infraestructura se construirá, cuánto costará, quién asumirá la inversión y cuándo llegará el combustible a los hogares. Las autoridades nacionales deben explicar las razones de esta exclusión y presentar un cronograma verificable.
Pero la responsabilidad no es únicamente del Ejecutivo. El Gobierno Regional, los congresistas y las autoridades locales tienen la obligación de defender los intereses de Arequipa. El silencio o la falta de gestión frente a una decisión de esta magnitud también terminan perjudicando a la población.
