Allanan municipalidad de Santa Rita de Siguas por presunta corrupción en Arequipa

La Fiscalía Anticorrupción intervino la municipalidad y viviendas vinculadas al alcalde Fredy Lope Bautista y su pareja, Lorena Aquise Roque. La investigación comprende presuntos delitos de colusión y falsificación documentaria por contrataciones que habrían favorecido a empresas relacionadas con el entorno de la autoridad.

La Municipalidad Distrital de Santa Rita de Siguas, en Arequipa, fue intervenida ayer por la Fiscalía Anticorrupción y agentes policiales, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Las diligencias también alcanzaron inmuebles vinculados al alcalde Fredy Raúl Lope Bautista y su pareja, Lorena Aquise Roque.

La intervención se realizó en el marco de una investigación preparatoria formalizada en abril de 2026, que comprende a autoridades municipales, exfuncionarios y particulares. El Ministerio Público busca esclarecer un presunto esquema de direccionamiento de servicios y adquisiciones que habría operado desde el inicio de la actual gestión edil.

Empresas investigadas y contrataciones bajo la lupa

De acuerdo con la tesis fiscal, el alcalde y personas de su entorno habrían participado en contrataciones que beneficiaron a empresas constituidas formalmente a nombre de terceros. Las sospechas comprenden la presunta concertación entre funcionarios y proveedores, así como el uso de documentación irregular para obtener contratos financiados con recursos municipales.

La investigación identifica a tres empresas: Corporación Diamantes del Sur EIRL, Cubik EIRL y Dranas Construc SAC. Según la Fiscalía, Lorena Aquise Roque habría promovido su constitución desde finales de 2022 y mantenido el control de sus operaciones, pese a que figuraban legalmente bajo la representación de otras personas.

Estas compañías obtuvieron órdenes de compra y servicio de la municipalidad, algunas por montos superiores a 29 mil soles por contratación. La Fiscalía examina si los procedimientos fueron utilizados para favorecer a proveedores previamente determinados, mediante requerimientos técnicos y evaluaciones que habrían limitado la participación de otros postores.

Uno de los aspectos examinados corresponde a la contratación de consultorías para elaborar perfiles de proyectos de inversión pública, entre ellos obras de mejoramiento de parques y losas deportivas. La hipótesis fiscal señala que algunos trabajos habrían sido encargados directamente a profesionales y posteriormente canalizados mediante las empresas investigadas, aparentando procedimientos regulares de contratación.

Presunta falsificación y personas comprendidas

Las pesquisas también comprenden la presunta falsificación de firmas y sellos en expedientes técnicos. Algunos profesionales identificados como responsables de los proyectos negaron haber participado en su elaboración. Asimismo, la investigación recoge grabaciones que, según la tesis fiscal, revelarían coordinaciones para ocultar los vínculos entre representantes de las empresas y personas cercanas al alcalde.

Entre los investigados figuran Alejandro Luque Beltrán, Rodrigo Quispe Ancasi, Víctor Andrés Condori Lizárraga y Yolanda Chambi Yana, vinculados a las empresas proveedoras. También están comprendidos la consultora Marleny Soledad Quispe Pilco y el ingeniero Juan Carlos Cáceres Cahuana, por su presunta participación en los servicios y proyectos municipales examinados.

La investigación alcanza igualmente al exgerente municipal Luis Alberto Ocharán Pichu; Liz Retamozo Chávez, exresponsable de Abastecimientos; Lania Ninoska Miranda Reinoso, exencargada de la Unidad Formuladora; y Christian Isaac Mamani Umpiri, vinculado al área de Desarrollo Urbano. La Fiscalía busca establecer si funcionarios de estas dependencias facilitaron requerimientos, evaluaciones o conformidades que favorecieron las contrataciones cuestionadas.

El allanamiento constituye una nueva diligencia dentro de la investigación formalizada mediante la Disposición Fiscal N.° 06, de abril de 2026. El Ministerio Público busca reunir elementos para determinar las responsabilidades individuales y establecer si existió perjuicio económico al Estado.

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