Legisladores buscan responsabilizar a fiscales de filtraciones, así este no haya tenido que ver en ellas, y desacreditar denuncias periodísticas

El Congreso de la República, a través del proyecto de ley N°7348, plantea medidas para responsabilizar a los fiscales del Ministerio Público por filtraciones de información durante investigaciones, incluso si no están directamente implicados en ellas. La propuesta, presentada por el congresista Luis Cordero Jon Tay, busca penalizar especialmente las filtraciones provenientes de colaboradores eficaces, lo que ha generado polémica.

La propuesta legislativa busca modificar varios artículos del Nuevo Código Procesal Penal, otorgando responsabilidad funcional a los fiscales por cualquier filtración durante el proceso de colaboración eficaz, incluso si no están relacionados con la obtención de la información filtrada. Esto incluye iniciar procedimientos disciplinarios sin perjuicio de responsabilidades administrativas y penales.

Además, se pretende limitar la corroboración de declaraciones de colaboradores eficaces entre sí, así como desacreditar denuncias periodísticas al establecer que estas carecen de valor probatorio sin una investigación fiscal previa. Esta propuesta ha generado críticas y preocupación, ya que podría obstaculizar el acceso a la información y la transparencia en las investigaciones.

Los legisladores justifican su propuesta alegando que la “filtración de información de la actividad fiscal puede conducir a la obstaculización de la investigación. Divulgándose avances incompletos en los que se han propuesto juicios de valor imprecisos, inexactos y hasta estigmatizantes para el investigado”.

Proyecto presentado por “Los Niños”

El proyecto de ley fue presentado por un grupo de parlamentarios de Acción Popular, liderados por el congresista Luis Cordero Jon Tay. Este grupo, conocido como «Los Niños», está conformado por Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Raúl Doroteo y Luis Aragón. La propuesta busca modificar varios artículos del Nuevo Código Procesal Penal, con el objetivo declarado de garantizar la reserva del proceso de colaboración eficaz y mejorar su aplicabilidad.

Sin embargo, críticos han señalado que la propuesta es peligrosa y antitécnica. Expertos como el exviceministro de Justicia Gilmar Andía, el exprocurador Antonio Maldonado, el abogado Roberto Pereira y Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, han advertido sobre los riesgos que conlleva. Además, han cuestionado que el proyecto haya sido presentado por congresistas implicados en investigaciones fiscales. Lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad y la intención detrás de la propuesta.