Julio César Espinoza, abogado del expresidente Ollanta Humala y de Nadine Heredia, sustentó ante el Tribunal Constitucional su pedido para anular del proceso penal contra sus patrocinados las cuatro agendas personales de la ex primera dama, al considerar que se trata de pruebas de carácter prohibido.

Sostuvo que «esos documentos forman parte de la propiedad más íntima de sus patrocinados, en tanto son documentos privados y no cuaderno de ocurrencia, bitácoras o registros de actividad de ninguna entidad pública ni funcionario público».

“Son documentos absolutamente privados que, entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por hecho que son notorios, fueron indebidamente sustraídos de la propiedad privada familiar de mis patrocinados, transitados de su lugar de origen y puestos en conocimiento y posesión de un ciudadano, el excongresista de apellido Gutiérrez”, refirió.

En consecuencia, solicitó que se declare, vía Habeas Corpus, la nulidad de las resoluciones judiciales que incorporaron las agenda como prueba al proceso penal por el presunto delito de lavado de activos, a pedido de la fiscalía.

Refirió que las agendas no fueron incautadas por orden judicial y una de ellas cuenta con información referida al ámbito personal de la familia de Nadine Heredia, lo que representa una vulneración de los derechos constitucionales de sus patrocionados y al debido proceso.

En tanto, la procuradora del Poder Judicial, argumentó que las resoluciones judiciales que incorporan las agendas no restringen ni limitan la libertad personal de los demandantes y fueron determinadas como lícitas en el control de acusación.

Las agendas han sido válidamente obtenidas, no se ha demostrado la ilicitud, refirió la procuradora tras precisar que se debe ponderar el interés público y el derecho a la verdad de dichos documentos frente al derecho a la intimidad.

“No es correcto que solo hay información personal, hay anotaciones de dineros que habrían sido ingresados por el gobierno de Venezuela que habría servido para la campaña de Ollanta Humala, bajo ese análisis sí es posible aplicar la ponderación de intereses”, afirmó.

El pedido quedó al voto de los miembros del Colegiado.