Por: César Sandoval Pozo

 El allanamiento con descerraje al domicilio de la señora Presidenta de la República pareciera que es un aviso y advertencia de lo que podría sobrevenir en el futuro inmediato. El Congreso pareciera no darse cuenta del escenario real en que podríamos estar transitando y de quienes estarían detrás de la pretensión de llevarnos hacia el salto al vacío y el inminente regreso a las épocas funestas de recientes gobiernos pasados incluyendo el de Pedro Castillo, de los que nos salvamos por razones distintas.

No se trata de pedir privilegios para nadie, menos para la primera autoridad democrática del país, porque es indiscutible que la justicia debe operar bajo el principio de la igualdad ante la ley. Sin embargo, la figura de la Presidencia de la República como la de otra autoridad de los distintos poderes del Estado posee constitucionalmente prerrogativas y un trato particular que resguarde y preserve la investidura del mandato constitucional. Eso se ejerce y se cumple en las democracias del mundo, incluso en las más precarias.

Pero al parecer, esta situación preocupante para los que hemos padecido la triste y cruel historia de la última década no viene siendo advertida por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Al parecer se impone la costumbre sobre el derecho, y se deja en libertad y en impunidad a avezados delincuentes, incluidas bandas de extorsionadores, sicarios sin olvidar a los de cuello y corbata, o se mantienen cómodas restricciones domiciliarias.

Lo que llama la atención y preocupación ante el país y el mundo que nos ve y nos evalúa para invertir o visitarnos es el sistemático deterioro de las bases democráticas, empezando por la figura presidencial, dando la impresión de que existe una orquestación, políticamente adiestrada para el propósito de impedir que el Perú retome el rumbo del crecimiento y desarrollo económico, que los peruanos que creemos en el Estado de derecho necesitamos para salir de la pobreza y sus siete plagas.

La inversión extranjera debe encontrarse espantada con lo que sucede en el Perú, donde un fiscal y un juez, en forma desproporcional y sin atender los pedidos legítimos y a la vez, legales, dictan medidas abruptas.

Resulta contraproducente y anticonstitucional que ante el pedido de una ciudadana, como la Presidenta de la República, de reprogramación de una diligencia, hecha además mediante escrito, la justicia responda con una decisión de allanamiento y descerraje como si se tratara de un caso de contumacia o de rebeldía, que incluso es resuelta y no omitida. Lo sucedido en las últimas horas es todo lo contrario al Estado de derecho, al debido proceso y a la legítima defensa, además del respeto a los principios constitucionales, constituyéndose en un abuso del poder y una clara arbitrariedad a la que estamos expuestos todos los peruanos, porque si se trata así a la primera autoridad del país, imaginemos qué nos espera.

No estamos hablando de privilegios, sino del mínimo respeto a los derechos constitucionales que debe regir entre la calma, la sobriedad y cautela de lo que le corresponde a los ciudadanos de este país: el respeto a su dignidad y a su legítima defensa. Lo contrario solo es ajusticiamiento.

Quienes creemos en la democracia y hemos luchado por ella no tenemos miedo en hablar con la verdad porque solo la verdad nos hará libres.