Por Jorge Turpo Rivas

Un nuevo informe del órgano de control revela hechos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de la obra de ampliación del servicio de agua potable para los distritos de Socabaya, Sabandía y Characato.

HAY RIESGO QUE NO SEA ENTREGADA EL 2025

Los cuestionamientos a la millonaria obra de saneamiento que ejecuta la empresa Sedapar en los distritos de Socabaya, Sabandía y Characato continúan de parte de la Contraloría General de la República.

El Informe de Hito de Control N°005-2024, al que tuvo acceso El Pueblo, revela hasta once presuntas irregularidades cometidas por el contratista en la ejecución de la obra que pondrían en riesgo el cumplimento de los plazos en perjuicio de los más de 400 mil beneficiarios de la zona oriental de Arequipa.

Un informe de diciembre último, ya daba cuenta de que el proceso de adjudicación habría sido direccionado a favor del Consorcio Constructor Arequipa, integrado por las empresas: Sicma SAC y Reinmann Contratista y Consultores SAC.

El órgano de control determinó que un grupo de servidores de Sedapar realizaron actuaciones parcializadas durante el proceso de selección en beneficio de un postor, lo que conllevó a que este suscribiera el contrato por 71 millones 732 mil soles.

A ello, ahora se suma un nuevo informe donde se revela que la obra se ejecuta con múltiples problemas como el incumplimiento de la normativa que regula la retención de la garantía de fiel cumplimiento y del contrato que generaría el riesgo de desprotección de la entidad frente a incumplimientos del contratista.

Asimismo, se indica que la ejecución de las partidas presupuestales, no están de acuerdo al programa de ejecución de obra y al calendario de avance valorizado. Esa situación, advierte Contraloría, podría generar dilaciones en el cumplimiento del plazo de ejecución contractual.

“El avance de obra en calendario valorizado no concuerda con lo establecido en el calendario acelerado, lo que podría generar que no se refleje la real ejecución financiera de la obra”, se lee en el documento.

Agrega que los trabajos de demolición de la estructura de concreto de las zapatas de la cámara de válvulas del Reservorio R-33A, podrían afectar la durabilidad de las estructuras ya ejecutadas y su vida útil prevista.

El personal que realiza la demolición, destaca el informe, no cuenta con la totalidad de equipos de protección personal, lo que podría afectar a su seguridad y salud. Mientras que el acero armado y habilitado está expuesto ante la lluvia, lo que podría generar el deterioro en dicho material con la consecuente afectación en la calidad de la obra, además de retrasos en la ejecución de las partidas vinculadas.

MÁS OBSERVACIONES

Según la Contraloría, el personal de inspección de la obra no tiene la experiencia requerida. Además, al momento de la intervención, la inspectora estaba ausente y su designación es contraria a norma, generando el riesgo de afectar un adecuado control a la obra, poniendo en riesgo la calidad de la misma y su finalidad pública.

Otro aspecto cuestionado es la falta de ejecución de las partidas excavación en zanjas y suministro e instalación de tuberías de 450 milímetros, lo cual podría afectar la ruta crítica de la obra, ocasionando atrasos y sobrecostos en la misma.

“La contratista presentó una solicitud de aprobación del proveedor de la tubería de manera extemporánea, la cual no fue atendida por la inspectora, lo que puede provocar una ejecución deficiente de la obra al incumplir lo establecido en las especificaciones del expediente técnico”, refiere el informe.

También se detectó que en la ejecución de la partida: excavación de zanjas, cama de arena e instalación de tubería, se hizo sin contar con la presencia de ingeniero sanitario, a pesar que su participación debe ser al 100% durante toda la ejecución de obra, lo que podría afectar a la calidad de los trabajos.

Finalmente, la Contraloría corroboró que faltan anotaciones y hay inconsistencias en el cuaderno de obra lo que afecta el normal desarrollo de la misma.

“Es preciso indicar que durante la visita a la obra también se observó el ingreso de tuberías de hierro dúctil de 500 mm, de lo cual no se registra dicha ocurrencia en el cuaderno de obra”, refiere Contraloría.

RESPUESTA

La empresa Sedapar, a través de un extenso comunicado, reconoció que la Contraloría cuestionó la entrega de la buena pro al Consorcio Constructor por un monto de más de S/ 71 millones.

La gestión del gerente, Carlos Monje, reiteró en el comunicado el argumento que presentaron a la Contraloría indicando que ellos consideran que procedieron de manera correcta.

El órgano de control desestimó ese argumento y ordenó que se inicien acciones legales contra los funcionarios: Yanet Montoya Vera, Rocío Manrique Zegarra, Henry Bellido Morales, Luis Jaime Añazco Barreda y Orlando Américo Ruelas Coaguila.

En el comunicado también sostienen que la empresa trabaja con “una política de comunicación de puertas abiertas”. Sin embargo, El Pueblo, solicitó de manera formal una entrevista con el gerente o los altos funcionarios de la empresa sobre la obra en cuestión, pero hasta el cierre de la presente edición no respondieron.