— Redacción Diario El Pueblo —

Defensa del expresidente Alejandro Toledo presentó en la víspera un escrito donde reitera a la jueza Laurel Beeler su pedido para suspender la extradición en su contra.

El acusado exmandatario Alejandro Toledo envió, a través de sus abogados Jodi Linker, Mara Goldman y Graham Archer, un escrito de respuesta a la jueza Laurel Beeler para insistir que la extradición en su contra debe ser suspendida hasta que se resuelva primero su hábeas corpus en Estados Unidos.

Este recurso, como expuso previamente este diario, puede tardar algunos meses en resolverse. No obstante, la estrategia de Toledo para evitar ser juzgado en el Perú por el caso Odebrecht apunta a tres argumentos específicos, según un documento al que accedió recientemente La República.

Primero, las defensas sostienen que “el Perú no ha cumplido con el requisito del documento de acusación [por el caso Odebrecht]” y que, si bien la jueza Laurel Beeler ya ha rechazado este y otros argumentos desde el 22 de abril pasado, “no significa que el pedido de suspension sea injustificado”.

Un segundo argumento del exmandatario apunta a que “sufrirá un daño irreparable” si no se concede la suspensión de su retorno al Perú por dos razones. En esencia porque “no tendrá la posibilidad de continuar con su apelación si es extraditado” y que de volver a enfrentar a las autoridades peruanas sería ingresado a prisión, donde “correría el riesgo de enfermarse gravemente o morir si es encarcelado en Perú mientras espera el juicio”.

Toledo tiene orden de captura por el caso Interoceánica (adjudicación irregular de proyecto vial a Odebrecht) y el caso Ecoteva (compra de propiedades con presuntos sobornos de Odebrecht). El exjefe de Estado tiene así la condición de acusado en ambos casos. Por la carretera Interoceánica el fiscal José Domingo Pérez pidió en su contra 20 años y medio de cárcel, mientras que por Ecoteva, donde se le piden más de 13 años de prisión, el Tribunal Constitucional optó en abril pasado por mantener las órdenes de captura contra él y su esposa Eliane Karp.

“El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha determinado que las prisiones de Perú están peligrosamente superpobladas, carecen de servicios sanitarios adecuados o incluso de agua potable, y no pueden proporcionar una atención médica adecuada”, sostiene la defensa en su escrito presentado a la magistrada Beeler.

Por último, los letrados defensores manifestaron que en casos similares de extradición “los tribunales han concluido que no hay razón para creer que una suspensión perjudicaría sustancialmente a los Estados Unidos o al interés público”. Es decir, que paralizar el proceso no afectaría al país norteamericano.

El próximo 9 de junio desde la mañana se evaluarán estos argumentos y los del Estado norteamericano para determinar si se suspende o no el proceso de extradición contra Toledo.