Se trata del proyecto de resolución legislativa 6672 que fue sustentado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga, quien indicó que cuenta con las opiniones de informes técnico de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa, además del Ministerio Público y Devida.

El Pleno del Congreso aprobó un proyecto de resolución legislativa, que permite un acuerdo entre Perú y Estados Unidos para implementar un convenio que busca combatir el uso indebido, producción y el tráfico de drogas a través de la interceptación aérea con la asistencia conexa del país norteamericano. La iniciativa fue aprobada con 73 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones.

Se trata del proyecto de resolución legislativa 6672, que fue sustentado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), quien dijo que la iniciativa cuenta con las opiniones de informes técnicos de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa, así como el Ministerio Público y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

El legislador indicó que desde 2001 la Fuerza Aérea no realizó operaciones de interceptaciones aéreas ni derribos porque cesó las operaciones que se realizaban con Estados Unidos. Asimismo, sostuvo que esta colaboración tuvo éxito en la lucha antidrogas, porque Perú logró reducir el narcotráfico al cortar el puente aéreo.

Recordó también que, en 2001 se derribó una avioneta de misioneros, que trajo como consecuencia que se abandone la asistencia y la interdicción del puente aéreo de vuelos que transportaban cocaína. Señaló, además, que de esta forma se promueve el fortalecimiento de las relaciones internacionales entre ambos países en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

“El acuerdo resulta conveniente a los intereses del Estado peruano, siendo de imperiosa necesidad contar con la aprobación, ratificación y entrada en vigencia, a fin de interrumpir el puente aéreo de aeronaves sospechosas vinculadas al tráfico ilícito de drogas al más breve plazo, y contener la expansión de cultivos ilícitos de coca y mitigar los daños sociales, económicos y ambientales que amenazan la seguridad de los territorios y el bienestar de la población más vulnerable, afianzando la soberanía nacional”, se detalla en la propuesta.