Por: Luis Luján Cárdenas

El agua es un motor clave del desarrollo económico y social y de los ecosistemas sostenibles en el Perú, ha señalado el Banco Mundial (BM) en su valioso estudio ‘Perú: Acciones Estratégicas para la Seguridad Hídrica. Diagnóstico de Seguridad Hídrica’ (2023). Una investigación que debimos hacerla nosotros hace mucho tiempo.

El documento está diseñado para ayudar a los países a posicionar el agua en el centro de sus agendas nacionales de desarrollo y ha recibido el apoyo de la Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP) y el aporte de países europeos y de la Fundación Bill y Melinda Gates. 

Trataré de resumirlo: indica que ‘Los sectores que usan intensivamente el agua representan casi dos quintas partes del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú, con un 13% en la manufactura, 12% en minería e hidrocarburos, 7% en la construcción, 6% en la agricultura y 2% del agua y electricidad’. 

El Banco Mundial refiere que los choques hídricos y los insuficientes servicios de APS (asociaciones públicas de saneamiento) le cuestan a Perú entre 1.3% y 3.5% del PBI por año; y que casi la mitad del país (46%) es muy vulnerable a los desastres naturales asociados con el Fenómeno de El Niño y el cambio climático a largo plazo. 

Concluye que la seguridad hídrica debe acelerarse para superar sus numerosos desafíos de dotación de recursos hídricos (alta variabilidad climática, contaminación del agua y desfase entre la demanda y la disponibilidad de agua, entre otros), y que el Perú deberá instituir una sólida gobernanza hídrica, adoptar estrategias integrales de gestión de recursos hídricos a nivel local y de cuenca, y asegurar coordinación y armonización entre las entidades relacionadas con el agua. 

La implementación del marco legal requerirá pasar de una gobernanza centralizada a una gobernanza receptiva, inclusiva y debidamente descentralizada. En particular, la ANA requiere una mayor independencia para cumplir su función y emplear un enfoque integral y multisectorial del agua. Y como primer paso (de nueve sumamente importantes), debe reactivarse la comisión interinstitucional del agua para completar el plan de implementación de la gobernanza del agua basado en los resultados del informe de la OCDE sobre la gobernanza del agua. 

Pero hay un factor sensible que la investigación del Banco Mundial no contempla y del cual depende sobremanera la política hídrica nacional: el factor político y la incertidumbre social. Los jefes de la ANA, no se mantienen en el cargo más de ocho meses, en promedio. En 16 años, se han sucedido nada menos que 18 jefes. Y Sedapal ha tenido 10 gerentes generales en solo siete años, entre el 2017 y 2023. Así no se puede construir gobernanza y seguridad hídrica.