La suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides deberá entregar, de forma voluntaria, su celular o los teléfonos de su uso personal ante el despacho de la fiscal Suprema Delia Espinoza, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por presunta organización criminal.

Esto debido a que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó la doctora Patricia Benavides para que se ordenara al Ministerio Público precisar las razones por las cuales solicita la entrega voluntaria de estos equipos.

La defensa legal de la suspendida magistrada demandó que se precise (1) el tipo de información que se busca extraer (registro de llamadas telefónicas, mensajes de texto, contenido de aplicativos como WhatsApp, chats, llamadas vía aplicativo, archivos de imagen, audio y video, etcétera); (2) las fechas de las comunicaciones que se busca extraer; y, (3) las comunicaciones puntuales entre la investigada con personas identificadas.

Los abogados de Patricia Benavides consideran necesarias estas precisiones a fin de evitar que se vulnere el derecho a la intimidad de su patrocinada y que no se continúe con la violación del debido proceso y del derecho de defensa.

APLICATIVO SIGNAL

El juez supremo Juan Carlos Checkley remarca que la disposición emitida por el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza en la que hizo este requerimiento se encuentra fáctica y jurídicamente fundamentada, ya que cumplió con indicar cuáles son los motivos que justifican el pedido de entrega de teléfonos celulares por parte de Patricia Benavides, indicándose expresamente que habría utilizado su teléfono celular y el aplicativo Signal para realizar coordinaciones relacionadas con los hechos investigados.

El magistrado recordó que el Ministerio Público ha señalado que Patricia Benavides habría utilizado el aplicativo Signal, identificándose el número telefónico desde el cual fue utilizado, conforme a la declaración de su exasesor Jaime Villanueva Barreto, quien reveló que la suspendida magistrada habría utilizado dicho aplicativo “con el fin de evitar que identifiquen sus comunicaciones y presuntas coordinaciones ilícitas”.