DESAFÍA AL PODER JUDICIAL

La suerte de la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides se encuentra en poder del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien evaluó la mañana de ayer el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.

En una audiencia virtual, el magistrado analizó el requerimiento que hizo la fiscal suprema Delia Espinoza para que Patricia Benavides no salga del país por tres años, con el fin de asegurar su permanencia en el territorio nacional mientras se realizan las diligencias pertinentes para establecer las responsabilidades del caso.

El encargado de sustentar el pedido fue el fiscal Marcial Eloy Páucar Chappa, quien expuso los motivos del requerimiento y consideró necesaria y proporcional la medida contra Benavides. En tanto, el representante de la Procuraduría señaló que era «razonable y necesario» el pedido del Ministerio Público.

«La doctora Patricia Benavides niega tajantemente todas las imputaciones formuladas en su contra», dijo Christian Salas Beteta, abogado de Benavides.

El fiscal Páucar mencionó dentro de los hechos las coordinaciones que habría realizado la exfiscal Benavides con el parlamentario José María Balcázar a fin de archivar denuncias en su contra en el Congreso. Al respecto, Salas Beteta mencionó que la fiscal testigo indicó que no recordaba, mas no que le hayan pedido el archivo.

No obstante, más adelante el fiscal volvió sobre el tema para mencionar que los fiscales han reconocido las comunicaciones de los asesores de la extitular del Ministerio Público.

«No me corro del sistema de justicia. No temo a una investigación. No temo a una decisión judicial», dijo Benavides durante su intervención.

Luego de haber escuchado a las partes, el juez supremo Juan Carlos Checkley informó que notificará la resolución a las casillas, por lo que dio por concluida la audiencia.

La fiscal suprema Delia Espinoza investiga a Patricia Benavides tras haber sido sindicada por su exasesor Jaime Villanueva de encabezar una supuesta organización criminal dentro del Ministerio Público durante el tiempo que se desempeñó como fiscal de la Nación.

FUI MUY CONFIADA

Benavides, negó haber recibido coimas por supuestamente direccionar licitaciones públicas. «Tengo en el Ministerio Público casi 29 años y siempre he trabajado de una manera correcta», aseguró.

“Esto es un complot contra mi persona porque no quieren que regrese al Ministerio Público”, aseguró la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de liderar una organización criminal.

Según la declaración de un colaborador eficaz, Benavides Vargas habría recibido en octubre del año pasado S/30 000 de parte de su exasesor Jaime Villanueva —coima que enviada por el empresario Giancarlo Valer— por presuntamente haber favorecido a Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. en la adjudicación de una compra de computadoras para la Fiscalía de Derechos Humanos por más de S/3,4 millones.

La magistrada estimó en su requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses que Patricia Benavides podría recibir una pena mayor a 30 años de prisión debido a los graves actos delictivos por los cuales viene siendo investigada en este caso.