Por: Janice Seinfeld, fundadora y presidenta del Directorio de Videnza

VIDENZA INFORMA

Preocupan los resultados que, sobre el Perú, arroja la última encuesta del Barómetro de las Américas 2023. El estudio abarcó 26 países de América, y en el Perú estuvo a cargo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El Salvador y Uruguay muestran los porcentajes más altos de satisfacción con su sistema: 77% y 69% respectivamente. El Perú figura en el antepenúltimo lugar (19%), solo por encima de Surinam (13%) y Haití (12%). Y, ante la afirmación “El Gobierno nacional hace lo correcto 2023”, el Perú es el país de la región con la respuesta más baja: 21%. Lo mismo con la confianza en el Congreso: 7%.

A la poca confianza que tienen los peruanos en sus instituciones y cómo se gobiernan se suman dos hallazgos extremadamente preocupantes. Uno es que 13% considera que las economías ilegales sí tienen un efecto positivo para el desarrollo de sus departamentos. Como señala el informe, “sugiere una postura que está dispuesta a intercambiar el Estado de derecho por beneficios económicos, incluso si el origen de estos beneficios es ilegal».

El otro hallazgo es que el 18% reporta que la economía de su departamento ha crecido debido al narcotráfico y el 20% que ha crecido debido a la minería ilegal.

Todo lo anterior sucede mientras vemos cómo grupos vinculados con la minería ilegal, la tala ilegal, el transporte informal, las universidades “bamba” y otros intereses subalternos tienen representantes en las más altas esferas del poder político. Inquieta mucho este “relajamiento” en la percepción ciudadana sobre estas actividades tan nocivas para la sociedad.

Paradógicamente, el 88% de peruanos cree que, de no hacerse nada para reducir el cambio climático, este será un problema serio en el futuro. Es decir, por un lado no se condena actividades tan contaminantes como la milería ilegal, y por otro se muestra preocupación por el deterioro del medio ambiente.

Unos datos más que me parece importante destacar. El reporte recoge la percepción ciudadana tras el estallido social del 2022 y 2023 y el accionar del Gobierno. Dice: “El comportamiento del Estado peruano durante aquel episodio de violencia parece haber afectado la confianza de sus ciudadanos en las instituciones directamente relacionadas con el orden público, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

¿Alguien duda de la crisis de representación que estamos viviendo? ¿Nos ponemos a trabajar en serio para mejorar al nivel de nuestras próximas autoridades?