Las agrupaciones que votaron en contra de la vacancia a Dina Boluarte aseguran que la medida exigida por el Ministerio Público “solo puede aplicarse en caso el Parlamento haya levantado antejuicio”.

PROTEGEN A PATRICIA BENAVIDES

Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País se pronunciaron en defensa de la eventual restitución de la fiscal Patricia Benavides, quien se encuentra suspendida hasta el próximo 6 de junio por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). A través de un comunicado, rechazaron que el Ministerio Público busque extender su separación de la Fiscalía. Incluso, indicaron que ello sería inconstitucional, informó Infobae.

“Es de conocimiento público que el Ministerio Público ha solicitado una medida de esta naturaleza sobre un aforado, lo que podría generar en el futuro una indebida utilización y violación de los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley. Invocamos al Ministerio Público a respetar los procedimientos establecidos y al Poder Judicial a ser el garante de los mismos, bajo responsabilidad”, escribieron.

En ese sentido, mencionaron que la “medida de suspensión del ejercicio del cargo, prevista en el artículo 298 del Nuevo Código Procesal Penal, solo puede aplicarse en caso el Congreso haya levantado el antejuicio correspondiente”, siguiendo el procedimiento de acusación constitucional establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso.

“Cualquier otro tipo de interpretación pondría en duda la efectividad y finalidad de dicha institución constitucional, vulnerando el principio de separación de poderes”, destacaron.

Como se recuerda, Delia Espinoza, fiscal suprema, solicitó ante el juez supremo de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Juan Carlos Checkley Soria, suspender a Patricia Benavides por un plazo de 36 meses, debido a la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado, entre otros en agravio del Estado.

Pese a que Checkley iba a ver el caso, deberá derivarse a otro juez dado que, en la víspera, fue incorporado como investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico, en su condición de juez supremo provisional.

“En el trámite de la investigación seguida en la carpeta fiscal N.° 1228-2023, mediante Disposición Fiscal N.° 45, del 10 de mayo de 2024, se dispuso incorporar a la investigación preliminar en calidad de investigado a Juan Carlos Checkley Soria, en su condición de juez supremo provisional, como presunto autor del delito cohecho pasivo específico; y, contra Enma Rosaura Benavides Vargas, como presunta instigadora el delito contra la administración pública cohecho activo específico, en agravio del Estado”, menciona el documento.

“En el transcurso de la citada investigación se obtuvo información que vincula los presuntos pactos ilícitos entre el magistrado Juan Carlos Checkley Soria y la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, para favorecer a la también magistrada Enma Rosaura Benavides Vargas, en el trámite del Expediente N.°00028-2020-4-5001-JS-PE-01″, agrega.