El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, abordó nuevamente ayer martes la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte, quien está imputada por cohecho pasivo.

El premier, quien había calificado la acusación como “indebida e ilegal”, señaló ahora que se trata de una “persecución intolerable” del Ministerio Público. “Esto forma parte de lo que venimos denunciando hace semanas. La presidenta está siendo víctima de una persecución que tiene como base la Fiscalía”, señaló en una rueda de prensa.

Adrianzén volvió a citar el artículo 117 de la Constitución, que establece que el jefe de Estado solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso (salvo en casos permitidos por la Constitución) o impedir el funcionamiento del Congreso y otros organismos electorales.

“Es intolerable que, […] habiéndose indicado los únicos cuatro supuestos en los que puede ser acusada la presidenta, en un exceso se mella la potestad de la señora presidenta, afectando el ejercicio de sus funciones. […] debió archivarse [la investigación]”, siguió.

La denuncia constitucional es un procedimiento especial para altos funcionarios, como la presidenta, quien goza de inmunidad. Esta figura se utilizó por primera vez contra un gobernante en ejercicio durante el mandato de Pedro Castillo, lo que generó un debate jurídico sobre los límites establecidos por el artículo 117.

Villena también amplió la investigación contra Boluarte por hasta ocho meses, un plazo que, según su defensa, resulta irregular. “¿Qué han hecho? Han ampliado más esa investigación. Ante esto, la defensa ha ejercido correctamente un control de plazos, y la respuesta fue presentar una acusación constitucional. Esto es intolerable y confiamos en que el Poder Legislativo no va a dejar pasar este atropello”, cuestionó el premier sobre la medida.