El Gobierno colombiano firmó una ley mediante la cual se eliminan los beneficios penales a condenados o acusados por crímenes de feminicidio, una rúbrica que llega en un momento en que la violencia machista está en el ojo público tras el feminicidio de una mujer en un centro comercial en Bogotá.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna y la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, firmaron esta ley ya aprobada por el Congreso y que retira todos los beneficios penales, como la condicional, la prisión domiciliaria o la reducción de penas por colaboración cuando el delito del acusado o condenado sea el feminicidio.

Se trata de «una ley que retira beneficios y subrogados penales por casos de feminicidios; si bien esos beneficios ya estaban severamente restringidos, ahora se restringen aún más», explicó a la prensa el ministro Osuna.

De ese modo, las personas condenadas por feminicidio, que ya habían perdido beneficios como las salidas de 72 horas o la detención domiciliaria cuando hubieran cumplido la mayor parte de la pena, van a perder también otros beneficios, por lo que tendrán que hacer «el cumplimiento completo de la pena en cárcel», agregó.