El último viernes, el Pleno del Congreso aprobó otorgar un bono mensual de hasta 9360 soles a los jueces titulares del Poder Judicial “en reconocimiento de su labor y dedicación al servicio público”. Los beneficiarios son los jueces superiores, jueces especializados y/o mixtos, y jueces de paz letrado.

La ley aprobada “extiende” la bonificación adicional mensual de la que gozan los jueces supremos desde 2018 —equivalente a 4.5 unidades de ingreso del sector público (UISP)— a todos los jueces titulares del Poder Judicial. Para este 2024, una UISP asciende a 2600 soles. Es decir, los jueces supremos reciben 11 700 soles adicionales a su sueldo base.

El bono que le corresponderá a cada magistrado se calculará a partir de dicho monto y según su nivel en la carrera judicial.

El texto aprobado por el Parlamento estipula que el bono “no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales y no es de naturaleza pensionable ni forma parte de los beneficios laborales”. O sea, exonerado de pago de impuestos o deducción alguna.

La bonificación, según la norma, se financiará con los saldos del presupuesto asignado al Poder Judicial para el 2024 o con cargo al presupuesto para el 2025 “sin demandar recursos adicionales al tesoro público”. La norma costaría entre 185 y 190 millones de soles al año.

Son jueces titulares los que fueron nombrados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o, debido a su antigüedad en la carrera judicial, por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Presupuesto del Congreso, extender el bono que gozan los jueces supremos titulares a todos los magistrados titulares del Poder Judicial busca “corregir la disparidad existente en las remuneraciones entre los distintos niveles de jueces”.

Según el dictamen, la ampliación de la bonificación “podría traer beneficios significativos”, como “el fortalecimiento de la independencia judicial al garantizar una remuneración equitativa para todos los magistrados, lo que a su vez contribuiría a preservar la imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional”.