Por Antero Flores-Araoz

En anterior artículo nos hemos referido a la pésima costumbre de algunos parlamentarios de presentar iniciativas legislativas para declarar de interés nacional la creación de provincias y distritos que, alucinan, podrían en el futuro serlo, puesto que la iniciativa de creación de circunscripciones territoriales es exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo según lo dispone el inciso 7 del artículo 102 de la Constitución. Esta norma determina que la demarcación territorial es de competencia del Congreso pero a iniciativa del Gobierno nacional.

Con esas leyes declarativas no crean nada, pero demuestran el interés de los parlamentarios en el tema. Y en las provincias y distritos de los que provienen quedan como reyes, pues se comen el sapo de que se inició el proceso para que determinados poblados asciendan a distritos o provincias. En buena cuenta, es una farsa.

Como quiera que la costumbre a la que nos referimos era ya escandalosa, se sancionó y publicó la Ley 31567 en agosto del año 2022, por la cual se dispuso la moratoria por cinco años en creación de provincias y distritos, plazo que concluirá en agosto del 2027 y del que debería excluirse a Chancay, que debe elevarse de distrito a provincia al cambiarle el nuevo puerto su fisonomía y requerimientos.

Los parlamentarios que estaban habituados a la declaración de interés nacional, respecto a la creación de provincias y distritos se han dado maña, por la moratoria antes mencionada, para aprobar leyes de creación de universidades públicas hasta en lugares en que no se justifican. En el año 2021 hemos tenido 32 de dichas leyes, en el 2022 son 11, en el 2023 tenemos 15 y en lo que va del 2024 son hasta el momento 10.

Hemos llegado a tener hasta 144 universidades, algunas de las cuales no reunían los requisitos esenciales para serlo, por lo que en la actualidad se cuenta con 48 universidades públicas y 49 privadas, entre asociativas y societarias, ya licenciadas por Sunedu.

Indiscutiblemente, por mandato del artículo 26 de la Ley Universitaria N° 30220, “las universidades públicas se crean mediante ley …”, pero se tiene que cumplir por lo menos con los requisitos básicos de “garantizar la conveniencia y pertinencia con las políticas nacionales y regionales de educación universitaria”, así como también “vincular la oferta educativa propuesta a la demanda laboral”. Y por supuesto, “demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos, para el inicio y sostenibilidad de las actividades proyectadas…”.

Ninguno de los requisitos se acreditan, pero sale la ley de creación de universidades públicas promovidas desde el Congreso, que demandará muchísimos gastos desde el inicio, como son el nombramiento y acción de la correspondiente “comisión organizadora”. Y ello pese a que se transgrede la disposición constitucional en el sentido de que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto.

No se debe estar creando universidades sin ton ni son y menos las públicas que para organizarse, ser licenciadas y comenzar a operar requieren de considerables recursos, los que salen del Presupuesto de la República, solventados por los impuestos que pagamos los contribuyentes. Se impone seriedad en la fundación de universidades, desterrando la costumbre malsana de creación para satisfacer egos, ganar aplausos temporales y quizás votos. No es algo conveniente para el país.