Por: Carlos Meneses

“La investigación a Pedro Castillo no solo es la oportunidad de averiguar verdades sino de castigar a los corruptos, a los que el Perú debe perseguir por el daño que le han hecho durante los años recientes. Nadie debe temer a la verdad”.

Específicamente, el presidente de la República no puede ser objeto, por mandato constitucional, de acusación durante su gestión, pero si es factible investigar lo que con el tiempo puede perderse como indicio u oportunidad para indagar o para someter a juicio político a quien termine su mandato.

Por eso hay que darle la razón al fiscal supremo, Pablo Sánchez, quien dispuso se realice una averiguación de las acusaciones hechas contra Pedro Castillo, como presidente de la República, para acumular datos que después pueden ser inalcanzables en el objetivo de castigar corrupción.

Hay que reunir ahora y no dentro de 4 años lo que puede desaparecer en el camino. Es lógico que esta averiguación se realice hoy y no se postergue para cuando el Presidente termine gestión y el mandato constitucional se pueda cumplir a plenitud con la información obtenida.

No creemos que la decisión del Ministerio Público esté dictada por mala fe, sino que es consecuencia de un requerimiento colectivo de que la corrupción no terminará sino hasta sea castigada.

La hora está llegando ya a quienes hicieron pita y pabilo con el dinero público en los últimos gobiernos se fueron acopiando elementos fundamentales para poner ante los tribunales a quienes fueron responsables o que parecen serlo y los fiscales están bien dispuestos a demostrarlo para que los jueces sentencien en consecuencia.

A las investigaciones no debe temer el primer mandatario mucho menos algún involucrado en semejantes malvados afanes, salvo que su propia conciencia y actos comprobados demuestren que efectivamente son culpables de atentar contra los intereses y el bien común.