El presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales (ANGR), Werner Salcedo, planteó la posibilidad que los gobernadores podrían ayudar con la obtención de la licencia social para impulsar proyectos mineros, pues ellos cuentan con un contacto directo con la población. De esta manera, pueden ayudar a las compañías a promover los beneficios de la minería en comunidades aledañas a los yacimientos.

ANGR: MINERÍA DEBE SATISFACER NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

“No va a haber licencia social mientras no resuelvas y garantices el acceso a las necesidades que tienen en el entorno directo a las áreas de influencias. Entonces los gobiernos regionales, en conjunto, podemos empezar a trabajar en salud, educación, agua, desagüe, y en desarrollar actividades productivas para que efectivamente venga la comprensión de decir que la actividad minera sí ayuda”, detalló.

Salcedo destacó que para lograr ese objetivo, unirán esfuerzos con las autoridades locales, a fin de desarrollar y ser parte del fortalecimiento de capacidades para que haya un mejor ecosistema de negocios que maneja la actividad minera en beneficio de la población que vive en las zonas de influencia.

“Lo que se está viendo es cómo esto nos permite articularnos, esa tiene que ser una tarea inmediata a resolver en donde no solo exista un Ministerio de Energía y Minas o Ambiente con toda esa autonomía para dar las licencias, sino que incluya a los gobiernos regionales, ya sea en la parte política, en la parte administrativa, para poder coadyuvar y darle celeridad (a los proyectos mineros)”, comentó en Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

En ese sentido, señaló que no es posible que en el Perú se demore hasta 4 años para obtener una licencia ambiental cuando en Chile, el mismo trámite se logra en seis meses.

 “Entonces ahí viene el concepto de convertir al país en competitivo. Esa competitividad más el valor agregado en la riqueza, nos permite decir que podemos superar estas situaciones de crisis en donde 9.6 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, y 10 millones, en situación vulnerable”, explicó Salcedo.