Por: Álvaro Cubas Cunyas – Economista del Consejo Privado de Competitividad

La inversión pública constituye un factor clave en el país, pues genera impactos positivos, principalmente en tres componentes: (i) crecimiento económico, (ii) productividad y (iii) desarrollo social.  (Sutherland et al., 2009 y Égert et al., 2009). Adicionalmente, genera impacto en la generación de empleos y en el incremento de la inversión privada (Erden y Holcombe, 2005; Pastor et. al, 2020). Sin embargo, a pesar de lo mencionado, en los últimos cinco años se dejaron sin ejecutar alrededor del 30% por año del presupuesto para proyectos a nivel nacional (S/17 000 millones), siendo los gobiernos subnacionales los que concentran el 80% de este monto, dejando sin ejecutar alrededor del 40% de sus recursos por año.

Al respecto, al primer semestre del 2024, la ejecución de los gobiernos subnacionales alcanza un total de S/13 mil millones, que representa un poco más de la tercera parte (33,6%) de sus recursos disponibles para proyectos (S/ 38,8 mil millones); sin embargo, pese a la mayor inversión con respecto a junio de 2023 (a la fecha, los gobiernos regionales crecieron en 106% y los locales en 74%) para ejecutar la totalidad de su presupuesto, los subnacionales, en conjunto, tienen que duplicar su velocidad de ejecución promedio en los próximos seis meses del año. En cuanto a la cantidad de proyectos sin ejecución, los gobiernos subnacionales tienen más de 22 000 proyectos con un presupuesto acumulado de S/8452 millones (21% del presupuesto 2024) y que tienen ejecución cero a la fecha. Es decir, en promedio, el 45% del total de proyectos con presupuesto 2024 sigue sin ejecutarse, lo que termina retrasando el cierre de brechas y la mejora de la población.

En consecuencia, la lentitud en la ejecución de los principales proyectos posterga el acceso a servicios de los ciudadanos y puede traer como consecuencia conflictos sociales en el futuro, elevando la creciente conflictividad actual. Respecto a lo primero, se observa que las regiones que tienen un nivel de pobreza mayor al 40% (Cajamarca, Loreto, Pasco, Puno y Huancavelica) concentran el 20% (4.478) de los proyectos sin ejecutar.  Además, en estas regiones, entre 2019 y 2023, se ha observado una caída de -2,2 pp. en los colegios públicos con acceso agua, desagüe y electricidad, y una caída de -1.1 pp. en los hogares con hogares con red pública de alcantarillado. Por otro lado, respecto a la conflictividad, según datos de la Defensoría del Pueblo a mayo de 2024, en las regiones mencionadas anteriormente se concentra el 34% (71 de 209) de los conflictos sociales registrados.

En conclusión, si bien la solución a esta problemática requiere medidas estructurales que mejoren la institucionalidad del Estado, las acciones de corto y mediano plazo de los gobiernos subnacionales deberían recaer en mejorar la ejecución de los proyectos de inversión. Al respecto, desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) se plantea agregar proyectos que impacten de manera significativa en el ámbito productivo y social — por ejemplo, cierren brechas de condiciones mínimas territoriales— deberán ser encargados a unidades ejecutoras especializadas — a nivel regional o nacional — que cuenten con las mejores prácticas internacionales y con facilidades para la ejecución de los proyectos. Esto permitirá acelerar la ejecución de los proyectos de inversión para el cierre de brechas en beneficio de los ciudadanos.