Por: Carlos Meneses

El Perú ha llegado a tener un millón de desempleados en el 2024 y un reajuste del Salario Mínimo Vital tiene que ser prudente y bien administrado.

Hasta mediados de este año se estima que en el Perú existe un millón de personas en edades de trabajar que no tienen empleo, cifra que no es comparable con la de los países hermanos y que revela cuán grave es la crisis que confrontan familias dependientes de quienes no tienen dónde laborar o que ganan cifras que están por debajo del Salario Mínimo Vital (SMV).

La situación no es nueva y en realidad resulta ser una acumulación de errores cometidos por regímenes anteriores que se han agudizado en los últimos años. Estamos muy por debajo de estimados semejantes que pudieran tener Chile y probablemente solo similares a los que se confrontan en naciones como Venezuela, Cuba u otras que se declaran en críticas circunstancias de desarrollo.

En Perú, el Consejo Nacional de Trabajo analizará, en los siguientes 90 días, qué medidas se tomarán para reajustar el SMV, pero puede adelantarse que si no hay prudencia en la decisión la coyuntura puede empeorar, pues la remuneración mínima vital solo funciona para empleados y obreros formales, pero no para los millones de informales que tiene Perú.

Así que debemos de reclamar que la decisión sea lo más justa posible y también la que tenga en cuenta la realidad que confrontamos. Un haber mensual elevado puede tener consecuencias en un aumento de la informalidad y significa un duro castigo para los que hoy sufren hambre.    

El reajuste debe ser ponderado, negociado entre empleadores y servidores para que sea un estímulo a los requerimientos de ampliar el mercado de consumo y de hacer frente a la situación en que se vive.