Por Jorge Turpo Rivas

La investigación incluye al exjefe de la Región Policial de Arequipa, general Miguel Cayetano Cuadros. Afrontará el proceso por la muerte de Xavier Candamo Dasilva, ocurrida en Chala – Caravelí. Podrían ser condenados a 15 años de prisión.

CASO DE MUERTES EN PROTESTA CONTRA PRESIDENTA

El exjefe de la Macro Región Policial de Arequipa, general PNP, Miguel Cayetano Cuadros, deberá responder ante la justicia por la muerte de Xavier Candamo Dasilva, uno de los 49 peruanos que fallecieron durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en diciembre de 2022 y enero del 2023.

El Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales (EFICAVIP), formalizó la investigación preparatoria contra Cayetano Cuadros y otros cuatro oficiales.

“Arequipa es una de las regiones donde felizmente, podemos decirlo con satisfacción, se registra un mayor avance en las investigaciones de las muertes de personas durante las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En otras ciudades como Juliaca, Puno o Ayacucho, donde hubo más muertes, se está avanzando muy lento”, dijo Arturo Salas Vildoso, abogado de las familias de las víctimas en Arequipa.

La fiscalía, detalló Salas, acusa al comandante PNP, Rolando Rojas Rojas, de ser el autor del delito de homicidio calificado por alevosía en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, en agravio de Candamo Dasilva.

La formalización de la investigación preparatoria incluye también al exjefe de la Región Policial de Arequipa, coronel Luis Pacheco Mesías; y el exjefe de sector, coronel Américo Berlanga Valdivia; como autores, por omisión, de la comisión de los delitos de homicidio calificado por alevosía y lesiones leves en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

Este caso ocurrió el 19 de diciembre de 2022, en las inmediaciones de la avenida Franklin Pease Olivera, del distrito de Chala, en la provincia de Caravelí. Allí se desarrollaba uno de los focos de la protesta contra el gobierno.

En estas circunstancias, el comandante Rolando Rojas Rojas, oficial que tenía a su mando el operativo, habría realizado un uso desproporcionado de la fuerza al emplear su arma de reglamento para realizar disparos, ocasionando que uno de los tiros impacte en el cuerpo de Candamo Dasilva, ocasionándole la muerte.

La investigación fiscal considera además que el general Cayetano Cuadros y los coroneles Pacheco Mesías y Berlanga Valdivia omitieron cumplir sus obligaciones de verificar, supervisar y controlar al personal policial que se encontraba bajo su mando.

“En el caso del general Cayetano, se le incluye porque no aplicó lo que la ley le exige. Le alcanza la responsabilidad por no haber controlado la conducta e intervención de sus subordinados. El autor material es sin duda el que jaló el gatillo, pero el otro responsable es el superior inmediato. Y en el caso de Candamo fue un comandante el presunto causante de la muerte, por eso la responsabilidad alcanza hasta el general”, explicó Salas Vildoso.

Según el Código Procesal Penal, los oficiales acusados podrían recibir una sentencia de 15 años de prisión.

“Ahora ya intervendrá el juez de investigación preparatoria. Toda diligencia que se hará será con conocimiento del juez. Luego pasaríamos al control de acusación y finalmente a juicio”, indicó el abogado.

A decir de Salas, el haber concluido la investigación preliminar y haber formalizado la preparatoria fue posible por el trabajo realizado de parte de la fiscal del caso, Carmen Roncal Mestanza.

“La fiscal se mostró muy proactiva y apegada a la norma. Dispuso todas las diligencias y peritajes que se formularon. Eso ha permitido que se avance en buscar justicia para las víctimas”, apuntó Salas.

Actualmente, ya se han formalizado 24 investigaciones preparatorias por el EFICAVIP en las ciudades de Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Lima, Apurímac, Ucayali, Junín y Ayacucho. Estas involucran a 198 miembros de la Policía Nacional y el Ejército del Perú imputados por las muertes y lesiones en agravio de 317 ciudadanos.