Por Jorge Turpo Rivas

El exministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, advierte que el gobierno debe combatir con más decisión la minería ilegal porque perjudicará el desarrollo de proyectos mineros formales.

INVERSIÓN MINERA EN DEBATE

La cartera de grandes proyectos mineros en el país sigue postergada. Mientras tanto, la minería ilegal gana espacio sin que el gobierno demuestre un plan claro para hacerle frente y evitar que siga generando una economía ilegal que perjudica el desarrollo.

El exministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, tiene muy claro que mientras más crece la minería ilegal, se perjudica más el desarrollo de proyectos mineros formales. Por ello, en la siguiente entrevista, sostiene que el gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, debe dejar de distraerse en otros temas y abocarse a los que realmente perjudican al país.

Incháustegui, también destaca la necesidad del diálogo en el Valle de Tambo para evitar más conflictos sociales y el proyecto Tía María se pueda desarrollar.

¿El 2025 debe ser el año del impulso de los nuevos grandes proyectos mineros o pecamos de optimistas?

–Siempre debemos ser optimistas, pero no exagerar. Creo que después de la consolidación de Quellaveco no hay grandes proyectos a la vista. Para el próximo año genera expectativa el proyecto San Gabriel que explotará oro. También está Zafranal y Pampas del Pongo. Eso significaría una considerable inversión en el sector, pero todos sabemos que, por ejemplo, en el caso de Zafranal, es una decisión que recién tomarán los accionistas el próximo año. Estamos frente a una situación donde ya no tenemos grandes proyectos, pero obviamente tenemos una cartera muy grande y dependerá del avance de cada proyecto y del nivel de empuje y confianza que genere el país para que se consoliden.

Entonces no basta con el optimismo del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. ¿Se necesitan acciones de gobierno para sacar adelante esos proyectos?

–El ministro hace todo su esfuerzo, pero hay que complementarlo con acciones e iniciativas que generen más confianza. Por ejemplo, hay que generar los espacios para resolver los temas que preocupan a las comunidades cercanas a los proyectos. El tema de la minería ilegal hay que combatirla con mayor decisión. Lo otro está relacionado con el tema de los trámites. El ministro anunció la creación de la ventanilla única virtual para que se trabaje más rápido en la implementación de los proyectos.

No menciona usted el proyecto Tía María ¿Le genera dudas las indecisiones de la empresa en temas delicados como el uso del agua?

–Creo que la empresa anunció que iniciaba en julio, pero luego hubo un retroceso porque no se definía de dónde iban a obtener el agua. Esos cambios harán que se postergue un poco más. Antes de hablar sobre si empieza o no, creo que se debería generar un diálogo en el Valle de Tambo para definir bien los alcances y beneficios del proyecto. Así arrancar bien. Algo parecido con lo que se hizo con Quellaveco.

¿Cuál es el real riesgo o el impacto negativo de la minería ilegal?

–La minería ilegal está creciendo y se refleja en lo que, por ejemplo, está pasando en Pataz con la compañía minera Poderosa, es muy grave. Frente a eso, lo único que ha hecho el gobierno son algunos anuncios, pero pasa la coyuntura y el tema no se profundiza. No se trabaja en un plan de corto, mediano y largo plazo. Yo creo que ahí algunos expertos ya lo están diciendo: la mejor forma de combatir la minería ilegal es promoviendo la minería artesanal y con eso la minería ilegal se reduciría.

¿Cuál será la consecuencia?

–Lo que yo siento es que, si no se hace algo rápido, la minería formal cada vez estará más cuestionada y perjudicada con eso.

¿En el tema de Petroperú también se ven reflejadas las indecisiones del gobierno?

–Sí, creo que hubo un problema de indecisión, demora y falta de un sentido de la urgencia. Lo que se aprobó (otorgar US$ 750 millones a la empresa) se tenía que hacer, no quedaba otra, pero creo que está mal que el gobierno se haya demorado, que el directorio haya tenido que renunciar. Creo que lo hecho no es suficiente. Y se percibe que no han tomado una decisión técnica, sino política. Y al igual que en el tema de la minería ilegal, el gobierno está lamentablemente preocupado en otros temas y no se enfoca en lo que es urgente.