Por Jorge Turpo Rivas

La región tiene casos emblemáticos de desvío de fondos públicos como el cobro de coimas a cambio de la entrega de obras en Yarabamba y el caso de los “Correcaminos del Sur”, entre otros.

SE PERDIERON S/ 928 MILLONES EL 2023

La corrupción y la inconducta funcional en la administración pública provoca la pérdida de 13 de cada 100 soles destinados a la inversión, así lo revela el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) de la Contraloría General de la República.

Sólo en el 2023 la corrupción en Arequipa se apropió de 928 millones de soles, un monto con el cual se habrían podido construir colegios, postas médicas y mejorar las vías de comunicación entre las ocho provincias.

El abogado penalista, Arturo Salas Vildoso, quien a través de “Solidaria Perú” hizo denuncias contra la corrupción en las últimas gestiones regionales, sostiene que el mayor daño del desvío de fondos públicos es afectar directamente a los ciudadanos más vulnerables porque se pierde la oportunidad de financiar servicios esenciales y mejorar el acceso a servicios básicos, los cuales no están plenamente atendidos en Arequipa.

“Lo que genera la corrupción, socialmente hablando, es negar el derecho a los ciudadanos de recibir por parte del Estado mejores oportunidades, por ejemplo, en servicios básicos, educación y salud”, apuntó.

Actualmente, 2 de cada 5 hogares arequipeños no cuentan con acceso a todos los servicios básicos que incluye agua potable, saneamiento, electricidad, telefonía e internet.

Es evidente que la corrupción y la mala gestión de los recursos también se reflejan en el retraso de las obras y los proyectos que se planifican desde el Gobierno Regional y las municipalidades provinciales y distritales.

Un caso emblemático de corrupción en Arequipa es el que ocurrió a inicios de este año en la Municipalidad Distrital de Yarabamba, donde el alcalde suspendido, Manuel Aco Linares, y sus funcionarios más cercanos, fueron detenidos por cobrar coimas para entregar la buena pro de obras a empresas constructoras. 

Con ese caso se puso en evidencia lo que era un secreto a voces en diferentes municipalidades: el cobro del “diezmo”, una coima del 10 % del monto total la obra a las contratistas para otorgarles la buena pro.

¿QUÉ OCURRE?

La corrupción es percibida por la ciudadanía como uno de los tres problemas que más afecta a Arequipa y todo el sur del país, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos realizada este año.

A decir de Salas Vildoso, la impunidad que existe en los más grandes casos de corrupción provoca que haya más funcionarios y empresarios desviando fondos públicos porque sienten que no les ocurrirá nada.

¿Por qué no podemos combatir de manera efectiva a la corrupción?

–Un factor determinante es la ineficacia del Ministerio Público, en este caso de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. ¿Por qué lo digo? Porque teniendo suficientes elementos de convicción para formalizar una investigación preparatoria, muchas veces no lo hacen. Creo que a veces el poder político y económico pesa más. Se juegan muchos intereses.

¿En qué caso, por ejemplo, considera que no se actuó con diligencia?

–En el caso del proyecto Majes Siguas II que denunciamos en el 2019. Es el caso que más nos dolió porque se archivó cuando tenía tantos elementos la fiscal como para formular la investigación y luego ir a un control de acusación y llevar un juicio a los responsables, pero no lo hizo, simplemente lo archivó.

¿Qué pruebas se adjuntaron en la denuncia?

–Por ejemplo, las actas de acuerdo firmadas en la gestión de Yamila Osorio con la empresa Cobra. Actas en las que establecían reglas de juego a favor de una y otra parte para que no incurran en penalidades, incluso con efecto retroactivo. Se ponían de acuerdo para tapar sus incumplimientos del contrato. A ellos se suman las adendas y los pagos indebidos al supervisor especializado por parte de Osorio y de la gestión de Elmer Cáceres Llica. Si la fiscalía habría hecho caso a nuestra denuncia, nunca se habría suscrito la Adenda 13 que nos costó más de 100 millones de dólares y otra sería la historia de Majes Siguas II.

¿Por qué cree que ocurre o se da esa situación en la administración de justicia?

–Si la corrupción convive con nosotros es porque el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, muchas veces cae en el juego de quienes tienen el poder político y económico. Esos intereses prevalecen sobre la obligación de la fiscalía de abrir investigaciones. La consecuencia directa es la impunidad y que haya funcionarios y empresarios que se sienten intocables porque saben que nunca enfrentarán a la justicia.

Otro caso en el que usted intervino fue la presunta mafia de “Los Correcaminos del Sur” en la Gerencia Regional de Transportes donde en un inicio se involucró a la exgobernadora Yamila Osorio.

–Así es, pero ese caso también se terminó archivando la denuncia que involucraba a Yamila Osorio, a pesar de la declaración de seis colaboradores eficaces y tres testigos protegidos que sindicaban a Osorio y a su mamá como las presuntas cabecillas de esta organización criminal. Esos colaboradores dieron datos precisos de cómo recibían el dinero, dónde lo recibían, qué cantidades recibían, pero la fiscalía simplemente lo archivó y dejó sin culpa a Osorio. Pero con esas mismas declaraciones, la fiscalía mandó al Penal de Socabaya al entorno inmediato de Osorio. La pregunta que surgió en ese momento fue: ¿Tanto pesa la corona de Osorio?