Por Jorge Turpo Rivas

El exgobernador regional continuará en el Penal de Socabaya mientras que tres de sus presuntos cómplices quedaron en libertad. Fiscal, Arturo Valencia Paiva, tuvo tres años para investigar, pero todavía no formaliza acusación.

JUZGADO ACEPTÓ 6 MESES MÁS DE INVESTIGACIÓN

Han pasado tres años desde que el exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, fue enviado a cumplir prisión preventiva y la Fiscalía no formaliza la acusación.

El fiscal encargado de la investigación, Arturo Valencia Paiva, pidió un año más para investigar, pero la jueza, Janet Lastra Ramírez, le dijo “no” y sólo le otorgó seis meses más para formular su acusación.

Cáceres Llica es investigado por presuntamente liderar la organización criminal “Los hijos del cóndor”. Según la hipótesis fiscal, hubo consejeros regionales que, a cambio de la entrega de obras, parcelas, terrenos, dinero en efectivo y puestos de trabajo, dejaron de fiscalizar y cuestionar a la gestión del exgobernador.

Es decir, Cáceres Llica, habría “comprado” el voto de los consejeros regionales para que apoyen sus iniciativas y no lo fiscalicen. Les ofreció terrenos en Majes y hasta les habría entregado dinero en sobres manila en una picantería de Hunter.

Valencia Paiva hizo el pedido de ampliación a pocas horas de vencer el plazo de prisión preventiva. La jueza decidió que Cáceres Llica y el exgerente de Autodema, Marcelo Córdova Monroy, se queden en el Penal de Socabaya seis meses más.

Pero decidió dejar en libertad a la exconsejera regional Jeymi Natividad Flores Quicaña, al exgerente de Autodema, Napoleón Ocsa Flores, así como al exdirigente, Mario Jacobo Jacobo. Ellos fueron excarcelados y enfrentarán las investigaciones en comparecencia con restricciones.

Según lo informado desde la Corte Superior de Justicia, el fiscal, Valencia Paiva, argumentó que en estos tres años de investigación tuvo dificultades para la toma de declaraciones de los testigos protegidos y las transcripciones de audios y videos presentados en este caso. Por eso solicitó la ampliación de plazo.

Cáceres Llica fue detenido el 23 de octubre de 2021 en un megaoperativo donde participaron 43 fiscales y 120 policías.

En ese momento se dijo que, Cáceres Llica, con el aval de funcionarios de confianza, Gregorio Palma (exgerente regional), Marcelo Córdova (exgerente de Autodema), Napoleón Ocsa (exgerente de Autodema), Wilfredo Leodan Llayqui (asesor), entregaron dinero en efectivo, obras y terrenos a los consejeros “aliados”, entre ellos Veto Bernal y Jeymi Flores para blindar la gestión de Cáceres. En la red, también se involucró al exdirigente de Pampas Bayas, Mario Jacobo Jacobo.

En un inicio se dispuso detención preliminar para otros exfuncionarios y hasta del exconsejero regional y exfutbolista, Israel Zúñiga, quien pasó diez días detenido.

EL CÓNDOR

Antes de terminar en prisión, Cáceres Llica había salido bien librado de graves acusaciones de agresiones sexuales contra al menos tres mujeres, una de ellas extranjera.

También tuvo denuncias por presunta falsificación de documentos que presentó en su hoja de vida en una de sus candidaturas a cargo público.

Al momento tiene una sentencia en primera instancia por el delito de colusión agravada por la compra de butacas para coliseo de Chivay cuando era alcalde provincial de Caylloma.

El juez, Eddy Leva Cascamayta lo condenó a siete años de pena privativa de la libertad al encontrarlo responsable de la adquisición innecesaria de 232 butacas para el funcionamiento del coliseo municipal “La Montera”.

Cáceres Llica autorizó la compra de estos bienes por un monto de 21 mil 460 soles en concertación ilegal con Antonia Magaly Lara.

En la sentencia también fue inhabilitado para ejercer cargo público por siete años y se le impuso el pago de una reparación civil por daño emergente de 8592 soles y por daño extrapatrimonial de 5 mil soles.

En seis meses se conocerá si tendrá que afrontar un nuevo juicio por el caso “Los hijos del cóndor”. La mayoría de los investigados ya recuperaron su libertad. Se espera que la Fiscalía termine su labor y establezca si hubo o no responsabilidad del exgobernador.