Por  Sergio Alva

En los últimos días, el país ha sido testigo de un preocupante aumento de la violencia y el caos social, motivado en gran parte por el paro de transportistas que se levantaron en contra de las extorsiones y la creciente ola de sicariato que azota diversas zonas del Perú. Lo que comenzó como una legítima protesta en defensa de la seguridad ciudadana ha sido, una vez más, politizado y desvirtuado. La marcha de esta última semana en la capital contó con la participación de gremios de transportistas, empresarios y, curiosamente, diversos colectivos que no parecen tener vínculos directos con la lucha contra la criminalidad.

Es en este punto donde cabe detenerse y analizar la presencia de ciertos colectivos que han logrado desviar el enfoque inicial de la protesta. No se trata de sectores comprometidos con el combate al crimen organizado, sino de grupos de la izquierda radical que han aprovechado esta coyuntura para politizar la marcha, desviándola hacia objetivos ajenos a las demandas originales. En lugar de concentrarse en exigir al gobierno medidas concretas contra la delincuencia, estos sectores han convertido la protesta en una plataforma de oposición al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República.

Este giro político no es inocente ni espontáneo. Los grupos radicales de izquierda han utilizado la lucha contra el crimen organizado como excusa para promover su agenda de desestabilización del gobierno. En lugar de buscar soluciones reales a la crisis de seguridad que afecta a miles de peruanos, intentan transformar las movilizaciones en protestas violentas, con el objetivo de socavar la ya frágil estabilidad política del país. Lejos de enfrentar la ola de criminalidad, su intención parece ser fracturar las instituciones democráticas.

La progresiva pérdida de rumbo de la protesta es evidente. En lugar de mantener el foco en la urgente necesidad de combatir la criminalidad y reforzar la seguridad ciudadana, la marcha se ha convertido en un escenario de insurgencia y desorden promovido por estos colectivos radicales. La estrategia parece clara: aprovechar el descontento social para erosionar la legitimidad del gobierno y crear un clima de caos en el que se facilite la caída de las autoridades actuales.

La congresista Norma Yarrow, en sus recientes declaraciones, alertó sobre esta manipulación. Señaló que estos grupos radicales buscan politizar las protestas para amenazar el orden institucional, mencionando el caso de Inti y Bryan, jóvenes fallecidos en las marchas contra el gobierno de Manuel Merino, como un trágico precedente. Yarrow sostiene que estos sectores buscan generar mártires para presionar la salida del gobierno de turno, utilizando el caos y las muertes como herramientas de desestabilización política.

Esta lectura de la situación no está exenta de fundamento. La izquierda radical, a lo largo de la historia reciente del Perú, ha utilizado el descontento social y las crisis para propiciar la caída de gobiernos y posicionar a sus aliados en el poder. Así ocurrió con la salida del presidente Merino, y lo mismo parece estar buscando ahora con Dina Boluarte. Sin embargo, es crucial recordar que el verdadero problema que enfrenta el país no es únicamente la crisis política, sino la violencia y el crimen organizado que acechan a los ciudadanos.

El gobierno de Dina Boluarte, hasta el momento, ha mostrado una preocupante inacción frente a la ola de criminalidad. Pero aunque es evidente que se necesita una respuesta más firme por parte del Estado, no es correcto ni productivo exigir que «se vayan todos» como solución a esta crisis. La delincuencia no terminará con un simple cambio de gobierno. El foco debe estar en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y otorgar a la Policía Nacional las herramientas necesarias para actuar de manera eficaz y sin temor a represalias judiciales.

En este contexto de emergencia y crisis de seguridad, la prioridad debe ser reforzar a las fuerzas del orden, dotarlas de mayor autonomía y evitar la judicialización excesiva de su labor, que frena sus esfuerzos por restaurar la paz. Los manifestantes, en lugar de ser arrastrados por la narrativa de los sectores radicales, deberían concentrar sus demandas en exigir políticas más efectivas para frenar la delincuencia, tanto al Ejecutivo como al Congreso. Pedir la renuncia de las autoridades no resuelve el problema de fondo; por el contrario, podría generar más caos en un país que ya se encuentra profundamente herido por una década de inestabilidad.

En cuanto a los colectivos radicales, su actuación no sorprende. Estos grupos se aprovechan de cualquier coyuntura para sembrar el caos y debilitar las instituciones. Pareciera que su única motivación es el desorden, y que se alimentan del conflicto y la incertidumbre. Su influencia sobre la marcha de los transportistas es un claro ejemplo de cómo las agendas políticas pueden desvirtuar las demandas legítimas de un sector, poniendo en riesgo la estabilidad del país.

Es momento de que el país se centre en lo verdaderamente urgente: la lucha contra la delincuencia y el restablecimiento de la seguridad ciudadana. Las protestas deben retomar su sentido original y exigir soluciones concretas, dejando de lado las agendas políticas que solo buscan el caos. Solo así se podrá avanzar hacia un Perú más seguro y estable.