Por Eduardo Vega

Se intensifican nuevamente las protestas en diferentes regiones, porque nadie está a gusto con la gestión de Boluarte (no es novedad) y su manejo de la seguridad ciudadana. Sin embargo, cuando la autoridad policial intenta reponer el orden basándose en los excesos de algunos manifestantes –han tomado la carretera en Chao–, la población y la opinión pública se quejan porque la Policía interviene usando armas de fuego. Pero ¿acaso olvidan que tomar carreteras es un delito grave?

Durante estos días culmina el proceso para la designación de los nuevos miembros de la JNJ. Y como los candidatos que han “ganado el concurso” no son del gusto de un sector de la opinión pública, entonces algunos afirman que el concurso es un proceso “politizado”, porque no atiende los parámetros de independencia a satisfacción de los creadores del método. ¿No era obvio que el proceso de elección, a través de una “junta de notables” era la opción menos democrática y más corrompible por intereses particulares?

Se está dando inicio al juicio de Martín Vizcarra, pero ahora resulta que pese a las confesiones de quienes lo han corrompido, la Fiscalía no puede probar que el exdictador recibió el dinero. Entonces, los “heroicos” representantes del Ministerio Público encargados del juicio contra él, ahora parecen incapaces de lograr que el imputado llegue a los penales, o se busque su captura como sí sucedió con otros líderes políticos. No queda claro si hay falta de interés o capacidad.

La Policía Nacional no se da abasto para controlar la criminalidad y se propone sacar al Ejército para combatir actos que están al filo de la definición legal de terrorismo. Se dice que ello sería un exceso porque los militares no saben combatir la criminalidad, puesto que eso corresponde a un trabajo de “inteligencia”, que para los “entendidos” no está a la mano de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿no son acaso las Fuerzas Armadas las que forman agentes en inteligencia y espionaje? ¿En qué se basan para pensar que sus métodos no pueden ser aplicados en áreas urbanas?

Los peruanos estamos acostumbrados a quejarnos de todo, y por su puesto elevar el espíritu de la crítica a los niveles más alucinantes, aunque sea solo por el afán de criticar y que la propia crítica o propuesta resulte un sinsentido. Claro, tampoco es que nuestras autoridades hagan un esfuerzo serio para satisfacer las expectativas mínimas de la población; sin embargo, cuanto más empujen la prensa y los enemigos de Dina Boluarte a la generación de caos, los ciudadanos caerán aún más en la polarización que desestabiliza una vez más al gobierno y el aparato del Estado.

La situación del Perú es realmente crítica; y los reclamos por el incremento de los estándares de seguridad ciudadana son más que justos, sin embargo, cada vez que queman camiones o buses, o se destruye la propiedad pública y privada, solo deterioramos aún más la precaria condición de la que nos quejamos, dando mayor oportunidad de ser sobrepasados por la red criminal. Si a esto sumamos que, para un sector de la opinión pública, la Policía no tiene derecho a usar sus armas para reponer el orden, relativizando su proceder “porque se trata de manifestantes y no criminales”, entonces no queda espacio alguno para el principio de autoridad.

Nos guste o no, cerrar carreteras, quemar camiones, buses o lanzar piedras y golpes a la PNP también es delito; así que si van a marchar exigiendo que se persiga la criminalidad (con justa razón), lo último que debe ocurrir es que los manifestantes cometan actos extorsivos contra el gobierno, iguales o peores que los de aquellos criminales a los que se exige eliminar.

Con una actitud adolescente, sin encontrar gusto a nada, tenemos la receta perfecta para caer en el juego de “contestatarios vacíos” y radicales, quienes solo se quejan para hacerse famosos, nada proponen para cambiar la situación, y nos llevan como corderos mientras buscan su cuota de poder.