Durante la audiencia de prisión preventiva, la Fiscalía ratificó los cargos contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, al señalar que daba directrices para la designación de prefectos y subprefectos, a fin de lograr la inscripción de su partido, Ciudadanos por el Perú.

La representante del Ministerio Público reiteró que Jorge Chingay, amigo de Nicanor, sostuvo cuatro reuniones con este, las tres primeras en la oficina del hermano de la mandataria, donde también estuvo Víctor Torres Merino, otro amigo de los hermanos Boluarte.

La restante se llevó a cabo en una cafetería de San Borja el 21 de agosto del 2023, a donde acudió con su hermano Noriel. La finalidad era coordinar las designaciones en dichos cargos, caso conocido como los “Waykis en la Sombra”.

Según sustentó, las personas que captaba Chingay Salazar, en su calidad de “mando medio regional”, eran para ocupar las prefecturas.

“En esta reunión Nicanor Boluarte da las directrices para que se ocupen los cargos de prefectos y subprefectos a nivel nacional, con el objetivo de inscribir a su partido, Ciudadanos por el Perú”, detalló la fiscal.

Señaló que Nicanor Boluarte, como líder de la presunta organización criminal, le ordena a Víctor Torres Merino que lleve ante Ortiz Marreros la propuesta de Noriel Chingay, quien había sido propuesto por su hermano Jorge para ser prefecto regional de Cajamarca.

La fiscal explicó que toda la información se obtuvo del celular de Noriel Chingay. Por su parte, el abogado de Jorge Chingay observó este último punto y pidió que se respete la presunción de inocencia y “retroactividad benigna” de su patrocinado.

Cabe indicar que la audiencia continuará hoy miércoles 13 de noviembre desde las 11:00 a.m. El Ministerio Público le imputa a Nicanor Boluarte haber tenido “injerencia directa” en la designación de, al menos, 47 prefectos y subprefectos en Lima y otras ocho regiones del país.

En el pedido de prisión preventiva, la Fiscalía también subraya que Nicanor Boluarte goza de un “poder de facto” que le fue otorgado por la presidenta, con la finalidad de copar la Dirección de Gobierno Interior (DGIN) del Ministerio del Interior a través de “la designación ilícita de prefectos y subprefectos” en la capital y en las regiones San Martín, Cajamarca, Apurímac, Cusco, Puno, Ica y Junín.