Ayer, lunes 16 de diciembre, cerca de 200 damnificados de la primera etapa del proyecto Majes-Siguas participaron en una mesa de trabajo para exigir al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) una solución definitiva a su problemática. Los pobladores de los distritos de Siguas, Lluta y Quilca, afectados desde hace más de tres décadas, demandan un resarcimiento por parte de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), que depende de la aprobación de un informe técnico-legal favorable para ambas partes.

«Nos preocupa que estamos culminando el segundo año de gestión de Rohel Sánchez, pero no vemos que se atienda nuestra problemática. Nosotros pedimos que el gobernador participe en las mesas de trabajo que desarrollamos. Tiene que haber voluntad y participación política. Sino nuestras reuniones tendrán un vacío. Tenemos que establecer plazos porque sino pasará un Nuevo Año sin avances», expresó Francisco Vera Pacheco, presidente del Frente de Defensa de los Pueblos Afectados por Majes-Siguas I.

En la reunión estuvieron presentes el gerente regional de Agricultura, el director ejecutivo de Autodema, los consejeros regionales y el asesor de gobernación, Bradley Alarcón Manrique. Sin embargo, los damnificados cuestionaron la ausencia del gobernador Rohel Sánchez, quien fue invitado pero no justificó su inasistencia. Los afectados solicitaron que Autodema presente el informe técnico-legal en el primer trimestre de 2025, aunque no se logró consensuar una fecha concreta.

Al respecto, el director ejecutivo de Autodema, Duberly Otazú García, señaló que el informe técnico-legal debe incluir un censo de damnificados y proponer alternativas para su reubicación, pero precisó que no es posible comprometer plazos específicos.

«Primero necesitamos desarrollar un cronograma de trabajo. En el informe se debe sincerar la cantidad real de los damnificados, porque hay casos controversiales donde ya se entregaron parcelas de terrenos», explicó el gerente de Autodema.

Desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA), su presidente, Fernando Cornejo Pacheco, indicó que se podría promulgar una ordenanza regional en un plazo de 30 a 40 días, pero esto depende de que Autodema entregue los informes necesarios.

«Es esencial contar con un informe técnico-legal en el cual Autodema se comprometa a presentar una propuesta para atender a los damnificados. Su intervención ocasionó daños en los terrenos de Siguas, Lluta y Quilca. Ellos merecen ser resarcidos», afirmó Cornejo.

Hoy a las 15:00 horas, Autodema sostendrá una nueva reunión con los damnificados para establecer un cronograma que determine fechas concretas para la presentación del informe técnico-legal. Se espera que este proceso permita atender finalmente a los afectados por la primera etapa del proyecto Majes-Siguas.