Por Alicia Barco Andrade – Comunicadora digital, docente, empresaria y política.

Barco sostiene que el Estado debe ser protector y no destructor.

El socialismo ha usado mucho el concepto de justicia social, para asociarla a la igualdad. La igualdad asociada a que todos tengamos cosas iguales, salarios iguales, y esto no es así, porque va contra el esfuerzo meritocrático de las personas y su uso de libertad, pero si debemos entenderlo en función a los derechos y deberes, todos tenemos iguales derechos y deberes frente a la constitución. Todos merecemos desarrollar nuestra grandeza humana, nuestro proyecto de vida, merecemos tener oportunidades laborales, buena salud, buena educación, etc.

Entonces: ¿Cuál es el rol del Estado frente al desarrollo del País, de la Nación, de la Patria? ¿Cuál es el rol de las empresas, del mercado, de la economía, de la ciudadanía? Miremos los principios y valores que defendemos para construir Visión País y no las ideologías.

El estado no se puede gestionar como una empresa, como plantea Trump. El capitalismo, nunca se ha planteado estos temas, pero en el mundo del campo político hemos evolucionado mucho y la equidad va en línea de esa justicia social. Buscar disminuir las brechas existentes en términos de ingresos, acceso a servicios básicos (educación, salud, vivienda), oportunidades laborales, es reducir las desigualdades, y sin duda debemos trabajar para eso. Existen problemas sociales innumerables que hay que resolver. Con discurso duro, claro, hechos firmes, reformas, políticas públicas, leyes y con integridad política.

Estamos frente a una Oligarquía Socialista que solo miente y tapa la criminalidad.

Aunque pueda parecer un oxímoron el concepto. Este grupo de políticos son los funcionarios allegados a la presidenta Dina Boluarte, que, con tantos discursos engañosos, también en el extranjero afirma que “el Perú es el país de las Maravillas”, mientras por dentro, los peruanos padecemos de la inseguridad nacional que nos hace recordar a las épocas del terrorismo de los 90. Hemos llegado a una oligarquía de políticos criminales y mafiosos que controlan el Estado a su antojo, y que están vinculados a niveles transversales de corrupción en todo el aparato del Estado que, junto con el Congreso, también controlan la opinión pública extranjera para que no se “enteren de la violencia extrema que vive el Perú.

¿El Gobierno realmente ha desbaratado al Tren de Aragua como afirmó la presidenta?

La fiscalía ya la desmintió. El Tren de Aragua no está desbaratado está robustecido. Es una de las organizaciones criminales más peligrosas y de mayor crecimiento en América Latina. Originaria de Venezuela, esta mega banda ha extendido sus tentáculos a varios países de la región, generando una ola de violencia y criminalidad. Su estructura se asemeja a la de un ejército, con rangos bien definidos y una cadena de mando clara.  No se limita al narcotráfico, sino que se involucra en una amplia gama de actividades criminales, como extorsión, secuestro, trata de personas, sicariato y contrabando. La violencia extrema que vive el Perú son fruto de estos criminales y consecuencia de la informalidad que se vive en el país.  ¿Cómo puede atreverse a decir que esta banda está desbarata?

Las actividades del Tren de Aragua son variadas.

Trata de personas: Explotación sexual, laboral y tráfico de migrantes. Extorsión: A comerciantes, transportistas y ciudadanos en general. Secuestros: Con fines de extorsión o como castigo. Homicidios: Ejecuciones sumarias y ajustes de cuentas. Control territorial: Establecimiento de zonas de influencia y disputa de territorios con otras organizaciones criminales. Combatir al Tren de Aragua representa un gran desafío para las autoridades de los países afectados. La organización opera en múltiples países, lo que dificulta su persecución. Sin una gestión de ciberdelitos y sin la infiltración en las instituciones estatales debilita la capacidad de respuesta de las autoridades. El Tren de Aragua es una amenaza transnacional que requiere una respuesta coordinada y contundente por parte de los gobiernos de la región. Y esto, señora presidenta, no sucede. La lucha contra esta organización criminal debe enfocarse en desarticular su estructura, combatir la corrupción y proteger a las comunidades afectadas.

La informalidad en el Perú. 11 economías informales. No es solo la minería ilegal.

Gran parte de la producción agrícola en el Perú se realiza en pequeñas parcelas y sin registro formal, lo que la ubica como una de las actividades con mayor informalidad.  El comercio minorista, especialmente en mercados y ferias, es un sector altamente informal, con muchos vendedores ambulantes y pequeños negocios sin registro.  La construcción, especialmente en obras pequeñas y medianas, presenta altos niveles de informalidad, con trabajadores sin contratos formales y empresas que evaden impuestos.  El transporte público, especialmente el informal, como taxis y mototaxis, es otro sector con una alta incidencia de informalidad.  Trabajadoras del hogar y cuidadores de personas mayores suelen trabajar en la informalidad sin beneficios laborales ni seguridad social.  Muchos restaurantes y hoteles, especialmente los pequeños, operan en la informalidad, sin emitir boletas o facturas.  La manufactura, especialmente la artesanal y a pequeña escala, también presenta altos niveles de informalidad.

El rol del Estado debe ser protector y promotor del Desarrollo País, no destructor.

Me inclino a defender un rol del Estado que sea guiado por principios y valores, como la libertad, la dignidad humana, el estado de derecho, la equidad, la educación, la salud y el desarrollo de una economía que cree riqueza de la mano de la buena formación humana, esa educación que desarrolla más el pensamiento crítico que las masas conformistas. Un Estado que sea promotor, árbitro y tenga una intervención en la economía, pero mínima, limitándose a garantizar el estado de derecho y proteger los derechos de propiedad.

Propongo una Visión País que resuelva la desigualdad económica y la informalidad, ante todo, de la mano de un gobierno digital, centrado en ciberseguridad. Que nos preocupemos más por reformar la educación con orientación al uso crítico de las tecnologías al servicio de la innovación empresarial social, a gestar emprendedores con empatía y orientación a resolver problemas sociales y sin duda, de la mano de la capacitación docente, a buscar el bienestar social, el bien común, como fortalecer la institucionalidad política con personas competentes e integras. Fomentar la cooperación internacional para la inversión pública – privada y a defender los derechos humanos. ¿Cómo hacerlo? Con muchas reformas del Estado, políticas públicas, leyes y programas sociales.